El oficialismo legislativo se apresta a sancionar dos normas que permitirán a la Caja Popular de Ahorros (CPA) y a tres comunas rurales eludir las licitaciones públicas.

El temario para la sesión del jueves incluye dos proyectos que generarán discusiones entre aliados a la Casa de Gobierno y opositores. Uno de los textos, presentado por el legislador Eduardo Bourlé, prevé herramientas para que la entidad financiera estatal pueda agilizar las refacciones en edificios históricos y en las sucursales.

Mediante la iniciativa, el secretario general de la Asociación Bancaria pide que se autorice a la Caja a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, las obras nuevas, de reparación y de mantenimiento sobre inmuebles de la institución; bienes muebles, sistemas y equipamiento informático; servicios de reparaciones de maquinarias y equipos; y vehículos de transporte de caudales. En el segundo artículo, el proyecto establece que el plazo de alcance de la norma será de 18 meses, aunque “podrá ser prorrogado en función de la estricta necesidad de finalización de obras que se encuentren en ejecución”. Según el dirigente bancario, la excepción que se solicita obedece a cuestiones de higiene y seguridad de trabajadores y de los clientes de la Caja. “Debe destacarse, además, la necesidad de concretar a la brevedad la reparación de los inmuebles de la Caja para seguridad de la población, como es el caso de los edificios de calle San Martín 730 (ex Banco Francés) y San Martín esquina Maipú (ex Rentas)”, planteó Bourlé. Además, advirtió que se detectó “vulnerabilidad” en los sistemas informáticos de la entidad, que son utilizados para la administración de los créditos de empleados públicos y para la liquidación de las remuneraciones. “Es indispensable la adquisición de un sistema de control con tecnología biométrica, control de auditoría y seguridad informática”, añadió.

El edificio de San Martín al 700 es el que más urge a la Caja, ya que presenta un serio deterioro en su estructura y hundimientos. La idea final, según adelantó el interventor de la Caja Popular, José Díaz, es instalar allí oficinas comerciales de atención al público, como Seguros y ART. No obstante, dijo, aún no está estimado el presupuesto que demandará esta obra ni tampoco la reparación del resto de las sucursales del interior de la Caja.

Además de esta iniciativa, la Cámara deberá resolver si permite a las comunas rurales de Monte Bello, El Polear y Taco Ralo contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la adquisición de vehículos de uso institucional adaptados para el traslado de personas con discapacidad. Se trata de un proyecto presentado por el gobernador, Juan Manzur; y por el ministro del Interior, Miguel Acevedo. Los fondos provienen de la Agencia Nacional de Discapacidad. El argumento es que los licitaciones demandarían mucho tiempo y que el precio de los vehículos, en el actual contexto económico, puede sufrir incrementos y, en consecuencia, las partidas resultar insuficientes.