El “caso Viviendas” atraviesa un punto clave en la investigación. Algunos de los investigados deberán, como consecuencia de una medida que adoptó la fiscala Adriana Giannoni, justificar el incremento de su patrimonio durante sus años como funcionarios. Los afectados por esta disposición son Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales. Ambos ejercieron sus funciones en la repartición durante la gestión del ex interventor, el fallecido Gustavo Durán.

Así lo deslizaron fuentes judiciales y, al menos en lo que respecta a Barrionuevo, lo confirmó su representante Arnaldo Ahumada. El abogado defensor también explicó que tanto él como su cliente se presentaron ante la Justicia el viernes pasado y que pudieron acceder a la documentación del caso, pero que no se les entregó una copia de la misma. Barrionuevo tiene que presentar la justificación de su patrimonio el 24 de este mes, día en que finaliza la feria judicial.

“El 24 vamos a ir con un contador para que, si no nos permiten sacar fotocopias, el contador pueda analizar ahí el expediente y contestar ahí cada una de las supuestas incongruencias que pudieran tener las declaraciones juradas”, relató Ahumada. “Desde ya, creemos que no hay ninguna”, añadió. Aunque no tiene información sobre la situación de Jiménez Augier, sus estimaciones coinciden con la información que circula en Tribunales. “Pienso que él tiene el mismo plazo que nosotros”, comentó el abogado.

Los antecedentes

En julio del año pasado, luego de que “Panorama Tucumano” (el programa de televisión de LA GACETA) emitiera un informe sobre irregularidades en el Ipvdu, Giannoni decidió abrir una investigación de oficio. En una entrevista con este diario, Barrionuevo negó estar vinculado a los dueños de la constructora Marán, empresa que recibió contrataciones directas de la repartición por casi $ 50 millones. Sin embargo, se comprobó que el funcionario es tío político de Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán. Barrionuevo no trabaja desde julio del año pasado. Hoy, no cumple con sus funciones por motivos de salud, según lo confirmó la actual interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli.

Jiménez Augier había asegurado que su única fuente de ingresos era el salario que percibía por su tarea en el instituto ya que no realizaba otras actividades. Sin embargo, se determinó que había cerca de medio millón de dólares en una caja de seguridad a su nombre, tras lo cual fue separado de su cargo en el Ipvdu mediante un decreto firmado por el gobernador Juan Manzur.

A lo largo de casi un año, el personal de la Fiscalía VIII, ha solicitado informes a diversos organismos privados y estatales, ha practicado medidas preventivas en entidades financieras y ha citado a distintos testigos e involucrados. Aunque gran parte de estas medidas afectaron también a los hermanos Nieva, en este momento la investigación parece estar enfocada en los ex coordinadores.

Actualmente, los investigados corren el riesgo de ser imputados por enriquecimiento ilícito, en caso de que la Fiscalía considere insuficientes las justificaciones que brinden a cerca de su crecimiento patrimonial.

Un funcionario que no trabaja desde julio

Lucas Barrionuevo no cumple con sus funciones en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) desde julio del año pasado. En ese momento fue suspendido por una investigación interna y en septiembre, tras la suspensión, pidió un permiso médico. “Está con licencia por enfermedad”, explicó la interventora de la repartición, Noemí Ferrioli. Esta licencia fue prorrogada en diversas ocasiones, con autorización de un médico del instituto.