“Soy un pobre perejil”. Diego Sebastián Nieva manifestó ayer frente a los jueces su resentimiento por la vinculación a la causa Paulina Lebbos. El joven, de 37 años, afirmó que había sido sometido a la investigación y ratificó que falsearon su “firma y la declaración” durante los procedimientos encuadrados en la etapa de instrucción.

“Me presenté cada vez que me convocaron. Cumplí con la Justicia. Por la salud de mis dos hijos y de madre, no vi nada”, señaló. Antes había enfatizado que no conocía el lugar del hallazgo del cuerpo y no recordaba si había pasado por la ruta 341, en la zona de Tapia, el 11 y el 12 de marzo de 2006. En ese momento, trabajaba como chofer de un “taxi rural”, un Fiat Duna de color rojo, y realizaba el servicio de pasajero desde San Miguel de Tucumán hacia El Siambón y Raco, entre otras localidades al norte de la provincia.

La Justicia determinó años atrás que la Policía había adulterado declaraciones y firmas del chofer, en una causa que condenó a policías de Raco, entre ellos, Enrique García, y que hoy forma parte del expediente del proceso oral. La decisión judicial confirmó entonces las irregularidades que se cometieron en la comisaría de esa localidad.

Raúl Ferreyra, ex subjefe de la Brigada de Investigaciones, quien fue detenido por falso testimonio durante el juicio, mantuvo un careo con Hugo Cabezas, actual referente del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales de la Policía Judicial (ECIF), creado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Edmundo Jiménez. Ferreyra, al igual que Orellana, sostuvo en su declaración que vio a Cabezas en el lugar del hallazgo el 11 y de 12 marzo de 2006. Sin embargo Cabezas, volvió a ratificar que no estuvo presente. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de Policía Hugo Sánchez cumplió mas de 60 días de arresto. Su defensor, José Luis Chaván, solicitó el cese de la medida. Sin embargo, el ex funcionario de José Alperovich continuará con prisión preventiva hasta el fin del proceso penal, según lo había dispuesto ya el Tribunal. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
"Es una situación muy grave", comenzó diciendo ayer el juez Dante Ibáñez. "Estos testigos contestaron expresamente que se adherían al artículo 230 y al privilegio de responder por escrito. Ahora, con lo que acabo de ver, ni siquiera quieren hacerlo de esa forma. Para este magistrado es muy grave cuando cualquier persona, sea quien sea, quiere estar por encima de la ley. Es más, me parece una actitud obstruccionista, dilatoria e impropia del funcionario de alta jerarquía que desempeñan ambas personas", añadió en plena audiencia el integrante de la Sala III en lo Penal, para sustentar su oposición a las presentaciones de José Alperovich y de Edmundo Jiménez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, acusados de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Es la conducta que han mantenido en estos 12 años. Han sido funcionales a la protección de los asesinos de Paulina (...) Ahora, siguen con esa maniobra de impedir que se llegue a la verdad. No sólo no quieren venir a declarar personalmente, sino que pretenden elegir las preguntas”, expresó Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en febrero de 2006, refiriéndose a la postura de José Alperovich y Edmundo Jiménez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alperovich enfatizó que el representante del imputado Eduardo Di Lella, Gustavo Morales, realizó preguntas sobre “sus familiares, siendo un interrogatorio impertinente y pudiendo agravar el buen nombre y honor” de los integrantes del núcleo familiar. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Hugo Rodríguez, acusado de partícipe necesario del encubrimiento, de falsificación de instrumento público y de falso testimonio, junto a su abogado Carlos Posse. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de Policía durante el gobierno de José Alperovich, Hugo Sánchez, imputado por encubrimiento real. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, imputado por encubrimiento real, junto a su abogado, Cergio Morfil. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex sub jefe de Policía durante el gobierno de José Alperovich, Nicolás Barrera, está, imputado por encubrimiento real. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Roberto Luis Gómez, acusado de la privación ilegítima de la libertad de Paulina seguida de su homicidio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Llamó mucho la atención el requerimiento de un informe judicial, que contendría un análisis de las pruebas y los procedimientos que se habían efectuado para hallar al autor del homicidio de la joven. Según la querella, este estudio podría reafirmar irregularidades. El ex jefe de homicidios, Hugo Cabezas, quien se presentó ante el Tribunal como testigo, confirmó la elaboración de ese estudio por pedido de Albaca. “Un fiscal como Albaca, acusado de encubrimiento y otros delitos, después de siete años pidió a la División Homicidios que haga un análisis de un expediente que no había tenido ningún tipo de movimiento hasta ese momento. El mismo fiscal se dedicó a mandar oficios con falsas numeraciones de IMEI de teléfonos que debía investigar, o no realizó las pericias técnicas necesarias en la causa y en el tiempo útil para el esclarecimiento de los hechos”, enfatizó el representante de la familia Lebbos, Emilio Mrad. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El representante del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Nicolás Barrera y Héctor Brito, acusados de encubrimiento. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El policía Gustavo Orellana, aseguró en su declaración que vio a Hugo Cabezas en el en lugar del hallazgo los días 11 y 12 de marzo de 2006. Sin embargo, el ex jefe de homicidios, lo negó durante el careo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Comenzó a declarar Claudio Nieva, quien en el año 2006 era remisero y realizaba viajes desde San Miguel de Tucumán hasta Raco. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Claudio Nieva no reconoció los logos de remiserías que constan en el expediente de la causa. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Este Tribunal tiene facultades para dictar la prisión preventiva durante el juicio. En esta etapa se constataron las situaciones presentadas (por las acusaciones). No es cierto que esto signifique la restricción de la defensa del acusado, ni que se haya limitado la posibilidad de recurrir, como insinúa la defensa técnica cuando se refiere a los requisitos, procedimientos y las autoridades competentes (competencia)”, explicó Carlos Caramuti, presidente de la Sala II. En definitiva, el Tribunal consideró que el pedido de Chaván no aportaba nuevos datos para conceder la liberación de Sánchez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO