Tras seis años de proceso judicial, el ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito esperó la sentencia de la Sala VI de la Cámara Penal rezando, con un denario en la mano. Pero no fue una voluntad divina, sino la decisión mayoritaria de un tribunal lo que resonó ayer, a las 17, en un salón de debates de avenida Sarmiento al 400.

A partir de los votos de las juezas Alicia Freidenberg (presidenta) y María Elisa Molina, y con la disidencia de Stella Maris Arce, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) fue absuelto de las imputaciones por presuntos hechos de corrupción.

Aunque los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 31 de este mes, Freidenberg anticipó a grandes rasgos las razones que la llevaron, junto a una de sus pares, a rechazar el pedido del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, de dictar una pena de seis años de cárcel en contra del ingeniero, de 60 años.

Según la presidenta del tribunal, “lamentablemente” se llegó al debate -iniciado el 18 de abril pasado- sin una “investigación completa” ni “pruebas que avalen en forma unidireccional” las imputaciones de fraude a la Administración Pública, negocios incompatibles con su cargo y abuso de autoridad.

“La corrupción en Tucumán, que hubo y a gran escala, no pasó por la DAU”

“No se probó el ardid, no se probó el desequilibrio financiero, no se probó la efectiva formalización de los pagos que se mencionan, no hay ni siquiera un informe de un banco. Todos los llamados (a cotejos de precios), las obras, todos los decretos dictados no están objetados por el Tribunal de Cuentas, y los procedimientos continuaron. No hay prueba alguna de que haya habido algún ingreso económico monetario al patrimonio del ingeniero Brito; no recibió beneficio alguno. Esa es la opinión de la mayoría”, resumió Freidenberg, luego de unas ocho horas de deliberación. Arce no adelantó sus motivos; por lo tanto, se deberá aguardar a la lectura de los fundamentos. Este voto será clave para que el fiscal defina si apela la sentencia ante la Corte.

Brito asumió como director de la DAU en 2007. Renunció en 2012, por pedido del entonces gobernador José Alperovich. Fue denunciado luego por los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García (legislador). El caso fue elevado a juicio en 2014 por pedido del fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, y con la confirmación de la entonces jueza Mirta Lenis de Vera. La pesquisa sostenía que el ingeniero había aprovechado el sistema de contratos directos de la ley 7.960 para beneficiar a proveedores del Estado en supuesta situación irregular, entre los que se encontraba -según la causa- al menos un pariente cercano.

“Este fallo me reivindica en lo personal”, aseguró Brito

Tras una quincena de audiencias, el voto mayoritario les dio la razón -al menos en el pedido de absolución- a los defensores Arnaldo Ahumada, Fernanda Battig y Francisco García Posse.

“Las disidencias siempre son sanas”, expresó Freidenberg tras el anuncio del veredicto. Recordó que, en paralelo a este proceso, se sustancia un juicio de responsabilidad en el Tribunal de Cuentas en contra Brito y otros ex funcionarios y ex contratistas por posibles anomalías administrativas. Señaló luego que Elías de Pérez había adjuntado un escrito “bastante minucioso” en la denuncia penal “proporcionando muchos elementos y solicitando investigar”. Esto último, deslizó la jueza, sería una de las falencias de la acusación. “Llegamos a este juicio sin pruebas idóneas”, afirmó. Detalló que, por ejemplo, no se llevaron a cabo pericias con expertos contables e ingenieros. “Han circulado por acá muchísimos testigos, pero no siempre la voluminosidad indica la eficiencia de una prueba. A veces, una sola prueba es más eficiente que 50 cajas de papeles”, resumió Freidenberg. Y anunció el final del juicio. Brito apretó el denario, se puso de pie y abrazó a sus abogados. Luego, se marchó con su familia, rumbo a casa.