Los concejales de Yerba Buena dicen que insistirán. Que van a dejar firme la ordenanza que prohíbe los countries y otras urbanizaciones en el piedemonte. Los ediles piensan juntarse en una sesión para rechazar el veto del intendente, el radical Mariano Campero, a esa norma que había sido propiciada por el propio jefe municipal.

“Esta norma le dará al piedemonte una protección absoluta”. Eso es lo que argumenta José Macome, presidente de la comisión de Obras Públicas de ese cuerpo legislativo. Luego confía que él y otros pares se molestaron por la “desprolijidad” del Ejecutivo local: “mandaron su proyecto. Estuvimos todos de acuerdo. Lo aprobamos. Y de golpe, lo vetaron por algo que no habían advertido antes”. Y aunque reconoce que la observación hecha a posteriori por la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio les parece atinada (“la verdad, la entendemos”, dice), reitera que, por su parte, no darán marcha atrás.

“Después, que ellos nos propongan cambiar los artículos que crean necesarios”, agrega Macome. A principios de mayo, los 10 ediles habían aprobado de modo unánime el proyecto que prohíbe los desarrollos urbanos como barrios cerrados, countries, clubes de campo, comercios y divisiones de parcelas. La medida se circunscribe a la franja oeste del río Muerto (río arriba). Pero al cabo de unos días, Campero vetó su propio texto. Según su explicación, la norma podría ser acusada de inconstitucional, al limitar el derecho a la propiedad.

La intención de reunirse para contradecirlo cuenta con el aval, también, de Rodolfo Aranda, Marcelo Rojas y Javier Jantus -allegados al oficialismo- y de los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. Si convocan a una sesión especial, necesitarán un voto más para que la resistencia quede firme. Esa voluntad debería provenir, entonces, de alguno de los concejales del otro sector (Lucas Cerúsico, Maximiliano García, Pedro Albornoz Piossek o Benjamín Zelaya). Si realizan una sesión ordinaria, en cambio, les bastará con sus seis sufragios.

Cuánto prohibir

Así las cosas, la discusión sobre el piedemonte se reduce hoy a cuán prohibitiva debe ser esa norma. Lo que Campero y sus funcionarios proponen es que, en vez de prohibir, se reduzcan los límites en el texto.

“Desde diciembre de 2015 tenemos suspendidas las construcciones. Siempre hemos sido coherentes con el espíritu de protección. Y más allá de este escollo legal, seguiremos en esa línea”, asegura Ernesto Marchetti, el director de Planeamiento Urbano del municipio.

“Hemos detectado un problema complicado para la Municipalidad. Si avanzábamos, nos hubiéramos expuesto a que se nos acusara de cercenar el derecho a la propiedad. Por eso, jurídicamente hay que reemplazar la palabra prohibir por restringir”, prosigue. Según él, de ese modo se les permitirá a los tenedores de grandes hectáreas que hagan algún uso de sus tierras. “Imagino que podría habilitarse un hotel tipo spa. De ninguna manera, eso implicaría una alta ocupación del suelo. O una escuela diferencial. O una clínica psquiátrica”, enumera.

Cuando se le pregunta si acaso ha recibido pedidos en ese sentido, contesta que sólo ha habido solicitudes para emprendimientos habitacionales. “Hoy tenemos suspendidos tres countries al oeste del río Muerto. La realidad es que el piedemonte tiene propietarios. Y hay que buscar cómo se regulan los usos”, expresa. Por último, se muestra coincidente con el planteo de los concejales. “Estuvimos de acuerdo en que ellos sancionen la norma. Después nosotros elevaremos algunas regulaciones”, concluye.