Un joven fue dejado en libertad por la Justicia luego de haber sido aprehendido en un confuso operativo realizado por personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Yerba Buena. El arrestado denunció además que, por presiones de los vigías municipales, no le recibieron en la comisaría la denuncia en contra del personal que lo había golpeado. Mauricio Argiró, secretario de Seguridad de ese municipio, desmintió la denuncia y dijo que se actuó correctamente. (Ver nota aparte)

El domingo a la madrugada, Eduardo Herrera, de 29 años, un estudiante de abogacía al que le quedan dos materias para recibirse, y que trabaja en la administración pública, regresaba a su casa empujando su moto junto a una joven con la que había estado reunido en un bar de avenida Aconquija al 1.400.

“De pronto me aparecieron tres vigías con el rostro cubierto con pasamontañas exigiéndome los papeles de la moto. Me negué a dárselos porque ellos no se querían identificar y como estudiante de Derecho sabía que no estaba obligado a entregárselo”, expresó.

“Cuando vinieron los policías de verdad, les mostré los papeles que tenía y ellos confirmaron que el rodado estaba en regla”, señaló. “Es cierto que no tenía puesto el dominio, pero tenía los papeles. Tampoco estaba alcoholizado. Ni siquiera me hicieron un dosaje para demostrar que no había bebido”, le dijo Herrera a LA GACETA.

El comisario Carlos Castro, jefe de la Unidad Regional Norte, confirmó que policías de Yerba Buena intervinieron en el problema. Reconoció que el joven sí les mostró los papeles a ellos y que el personal que participó del operativo se retiró del lugar luego de que se confirmara que la moto en cuestión no tenía ningún problema legal. “Ellos quedaron a cargo de la situación”, ratificó.

Los golpes

El joven dijo que lo peor comenzó cuando se fueron los uniformados de la Policía. “Ellos les dijeron que se harían cargo. Mientras hablaba con mi madre, me doy cuenta de que pretendían subir sin razón alguna la moto en una camioneta. Traté de impedirlo y ahí comenzaron a agredirme entre varios. No sé si eran siete u ocho. Allí me comenzaron a pegar. Hasta me pusieron una escopeta en la cara”, comentó Herrera.

Según su relato, fue trasladado hasta la comisaría de Yerba Buena. Allí se encontró con sus familiares, que lo iban a acompañar a denunciar al personal del GUM que lo había agredido. Se encontraron con más vigías y el funcionario Argiró, que es su jefe. “Ahí me avisaron que me aprehenderían por atentado y resistencia a la autoridad. No me dejaron que realizara la denuncia. La Policía sólo se llevó por lo que ellos le dijeron”, comentó.

Castro, jefe de la URN, dijo que las actuaciones fueron realizadas por personal del GUM y que en base a ello consultaron a la fiscalía, que dispuso que Herrera fuese aprehendido. “Les dijimos a los familiares que una vez que él se ponga en condiciones, podría hacer la denuncia”, destacó el comisario.

Extraña situación

Herrera permaneció aprehendido en un calabozo de la comisaría de Yerba Buena. A la tarde fue llevado a tribunales para que prestara declaración en la fiscalía de Arnoldo Suasnábar. Luego de declarar, fue dejado en libertad. “La situación que viví es humillante. Me pararon en la calle personas con uniformes camuflados, con los rostros tapados con sus pasamontañas y sin ningún tipo de identificación. ¿Cómo creen que se les pueda entregar documentos si no se sabe quiénes son ellos? Me lastimaron la cara, las piernas y en el pecho tengo hematomas de los golpes que me propinaron con las cachiporras. Eso quedó asentado cuando me revisó el médico de la Policía”, explicó.

“Lejos quedamos de un Estado de derecho si liberamos y otorgamos poder punitivo a empleados de tránsito. ¿Como pretende el GUM de Yerba Buena ejercer un control vial si ellos mismos circulan encapuchados, en la oscuridad y sin identificación?”, se preguntó Patricio Char, que defendió a Herrera.

El profesional agregó: “esta vez, gracias a la fiscalía, la situación de libertad de Herrera se resolvió de manera justa, pero se manipuló la realidad de los hechos para aprehender a un ciudadano que no quiso someterse al ejercicio clandestino de un control que se quiso hacer con él”.

“La familia de Herrera no pudo denunciar, como sí lo hicieron los funcionarios de la Municipalidad. A la fiscalía le pusieron en conocimiento una sola versión. Es lamentable que quienes deben ejercer el rol de cuidar a los ciudadanos hagan todo lo contrario”, concluyó.

El secretario de seguridad dijo que los vigías son meros observadores

“Las personas que cumplen con tareas de vigías ciudadanos o una figura similar no están autorizados a pedir ningún tipo de identificación a las personas ni de los vehículos o motocicletas en las que se trasladan”, aseguró Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia. 

El comisario (r) señaló que los municipales sólo pueden pedir a una persona el DNI durante un procedimiento, cuando el hecho delictivo ya ha sido “consumado”. “Si concretan una aprehensión, deben permanecer en el lugar hasta que llegue la Policía. Si esa acción se concreta en un lugar hostil, deben retirar al aprehendido para evitar riesgos”, añadió el funcionario. 

“Los vigías o vigilantes son meros observadores de lo que ocurre en sus ciudades. Ellos, al detectar algún tipo de irregularidad, deben alertar para que actúe la Policía”, concluyó.