La votación sobre la despenalización del aborto en Argentina volvió a instalar el debate en los países de América Latina y el Caribe, una de las regiones con mayores restricciones al acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo, pese a tener las tasas anuales más altas del mundo, según señaló un estudio reciente.

Más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en la región viven en países que penalizan el derecho al aborto, según el último informe del Instituto Guttmacher, dedicado a investigar cuestiones vinculadas a la salud reproductiva en el mundo.

Si bien América Latina avanza lentamente hacia la despenalización del aborto, la creciente fuerza que está tomando el movimiento Ni Una Menos en la región vuelve a instalar la temática en las agendas gubernamentales.

Chile salió recientemente de la denominada “lista negra”, aquellos países que prohibían el aborto en su totalidad.

El pasado 3 de agosto, el Senado de Chile, con 22 votos a favor y 13 en contra, dio luz verde a una histórica ley de aborto, una iniciativa del movimiento feminista chileno y retomada por la ex mandataria Michelle Bachelet.

El proyecto de ley de despenalización del aborto en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producto de una violación fue refrendado por el Tribunal Constitucional de Chile, días después.

No obstante, el impulso y avance sobre los derechos de la mujer fue rápidamente limitado con el regreso de Sebastián Piñera a la presidencia en marzo de este año.

A través de un decreto, a dos semanas de asumir el gobierno, el Ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en los tres casos establecidos.

La decisión del gobierno de Piñera representó un retroceso significativo sobre la legislación, debido a que le otorga la posibilidad de objeción de conciencia a las empresas privadas que mantienen convenios con el Estado.

El movimiento feminista chileno y los antiguos funcionarios del gobierno de Bachelet rechazaron esta nueva regulación impuesta por Piñera, que fue vista como un claro boicot ideológico y antidemocrático a la normativa.

En otras naciones

En Perú, donde la legislación actual tolera el aborto sólo si peligra la vida de la mujer, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) lanzó esta semana una campaña para despenalizar el aborto en caso de violación.

Bajo el hashtag #DespenalizarSalvaVidas, la CDD instó a las autoridades “a reanudar el debate laico, público y justo sobre la despenalización del aborto por causal de violación sexual”, en un país donde cada día cuatro niñas se convierten en madres y cada tres minutos muere una mujer a consecuencia de un aborto inseguro, según cifras oficiales.

Esta campaña social vuelve a abrir el debate en el país andino, donde en 2014 el Congreso archivó un proyecto de ley que contemplaba esa excepción.

El debate sobre la despenalización del aborto llegó incluso a El Salvador, uno de los pocos países en el mundo que desde 1998 lo prohíbe en todas las circunstancias.

Durante meses se contempló una iniciativa presentada por diputadas de la Asamblea Lesgislativa salvadoreña para despenalizar el aborto en cuatro causales, que finalmente no trascendió.

El panorama es poco alentador para las salvadoreñas, ya que las últimas elecciones reordenaron el parlamento con una mayoría de legisladores conservadores, que no abogarán por sus derechos.

Aún así, las salvadoreñas no pierden las esperanzas. A mediados de febrero, la Corte Suprema salvadoreña conmutó la pena inicial de 30 años a Teodora Vázquez, quien permaneció 10 años y siete meses en prisión, tras ser acusada de abortar, aún habiendo testificado que sufrió un aborto espontáneo.

Las mujeres brasileñas también están en alerta, porque la ya de por sí limitada legislación, que comparte las mismas excepciones que la chilena, se encuentra amenazada por un proyecto de ley que podría excluir estos supuestos.

En noviembre pasado, una comisión de la Cámara baja aprobó la denominada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 181 que prevé criminalizar el aborto sin excepciones.

La PEC es considerada por el movimiento feminista como un “caballo de Troya”, ya que el proyecto inicial buscaba ampliar la licencia de maternidad para las madres de niños prematuros, pero terminó incluyendo una cláusula que dictamina que “el derecho a la vida es inviolable desde su concepción”.

“Quieren que la mujer que se queda embarazada por un violador no tenga derecho al aborto, o peor, que sea presa por interrumpir el embarazo o asesinada por un aborto clandestino”, denunció la actriz brasileña Camila Pitanga, en un vídeo divulgado en las redes sociales. La enmienda tiene aún un largo camino por delante antes de ser aprobada por las dos cámaras legislativas, pero miles de brasileñas ya se han volcado a las calles para manifestar su rechazo, en un país donde una mujer es violada cada 11 minutos.