Que 2.500 obreros de la construcción no queden sin trabajo dependerá del resultado de una reunión que se producirá esta mañana, cuando el ministro de Economía Eduardo Garvich reciba a los empresarios de la construcción tucumana. Los dueños de las firmas advirtieron que si no cobran los $ 450 millones que la Nación les adeuda, se paralizarán 20 frentes de obra pública, entre construcción de viviendas, soluciones habitacionales y escuelas.
“Debemos encontrar una solución para que las obras no se paralicen. Esa solución la tiene que dar Noemí, ella es la interventora del Instituto de la Vivienda. Los contratos que tenemos firmados los tenemos con la Provincia”, recriminó Jorge Garber, secretario general de la Cámara Tucumana de la Construcción, a la salida de un plenario con los propietarios de las demás firmas. Un grupo de empresarios se reunió ayer por la mañana, a primera hora, con Noemí Ferrioli, interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Luego, la funcionaria mantuvo una reunión con David Acosta, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). “Esperamos la propuesta del ministro para ver cómo destrabamos el problema. Si no hay una propuesta superadora se suspenderán todas las obras. En 15 días suspenderemos al personal sin goce de sueldo, porque no tenemos cómo pagarles, y luego procederemos con los despidos”, sostuvo Garber.
Compás de espera
A pesar de que los empresarios advirtieron de la situación y fijaron un ultimátum el martes, no hubo avances en las reuniones que se mantuvieron ayer. “Si mañana no hay respuestas procederemos con los despidos. Mantenemos firme la postura de suspender las obras desde el 1 de junio. Uno es optimista, he visto buena predisposición de la Provincia, pero tenemos mucha tensión. Tengo 200 familias comprometidas porque sin fondos no podremos pagar los sueldos. Estamos preocupados”, explicó Garber.
“Es una situación preocupante. En diciembre teníamos 11.000 trabajadores en el sector. En febrero ya se habían perdido 2.000 puestos de trabajo. Si ahora no hay una solución, con los 2.500 nuevos despidos significa que se habrán perdido 4.500 empleos en seis meses. Es alarmante”, explicó Acosta, titular de la filial tucumana de la Uocra. Adelantó que el lunes realizarán un plenario de delegados y que realizarán medidas de fuerza durante la semana que viene.
Durante la mañana, el gremialista fue recibido en la Legislatura por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. El presidente de la Cámara admitió que la situación es grave, pero responsabilizó a la Nación. “El Gobierno nacional está atrasando los pagos a las empresas. Nos parece un muy mal síntoma que empecemos a tener dificultades con los puestos de trabajo en Tucumán”, alertó Jaldo.
Los empresarios habían advertido que paralizarían todas las obras públicas de viviendas desde junio por la deuda, que en algunos casos se remonta a octubre. “Atento a la gravísima crisis que atraviesan las obras que se ejecutan en el ámbito de ese instituto, nos vemos en la imposibilidad de continuar cumpliendo nuestros contratos a partir del 1 de junio”, reza el texto enviado a Ferrioli, interventora del Ipvdu, con las firmas del arquitecto Roberto Galindo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Tucumán; y del ingeniero Emilio Graña, titular de la Cámara Tucumana de la Construcción.
La parálisis de obras anunciada por los empresarios afectaría a las más de 2.500 viviendas en construcción, y a otros 900 módulos habitacionales en obra.