El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $1.000.000 a aquellos que brinden datos que permitan detener a Sebastián Rodrigo Romero, el hombre que permanece prófugo tras haber sido fotografiado y filmado disparando un mortero casero durante los incidentes del 18 de diciembre pasado en las cercanías del Congreso de la Nación durante el debate de la reforma previsional.

Por medio de la Resolución 416/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial, y con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el texto dice que sobre Romero pesa una orden de captura nacional e internacional "por haber participado en las conductas violentas" ese día en el Congreso.

Por eso señala que se ofrece "como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos un millón ($1.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión de Sebastián Rodrigo Romero, argentino, titular del D.N.I. N° 31.390.547, nacido el 29 de enero de 1985".

A su vez pide que "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al número de acceso rápido 134".

El 23 de abril la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado un recurso extraordinario presentado por la defensa de Romero, que ya había intentado antes llevar el tema al máximo tribunal penal.

La Casación había declarado antes que era inadmisible el recurso con el que los abogados de Romero habían intentado impugnar el fallo de la Cámara Federal porteña que rechazaba la exención de prisión, a la que también se había negado el juez de primera instancia, recordó Télam.

Romero, que fue precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Santa Fe, fue visto en las inmediaciones del Congreso mientras accionaba un mortero casero el día que se debatió la reforma previsional.

La causa en la que se lo investiga está radicada en el juzgado federal que conduce Sergio Torres y tiene como fiscal a Alejandra Mangano, quien le imputó la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.