La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del ex ministro de Salud del kirchnerismo y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y ordenó al juez del caso Claudio Bonadio profundizar la investigación en la causa por la compra de kits para recién nacidos que se conoció como Plan Qunita.

El Tribunal de Apelaciones dejó a Manzur con falta de mérito en el caso, parte del cual ya fue enviado a juicio oral con el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, entre los procesados, según el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun al que accedió Télam.

Los jueces encomendaron a Bonadio "la producción" de nuevas medidas de prueba para confirmar o descartar si el ex ministro tuvo participación en las maniobras investigadas.

Manzur había sido sobreseído por Bonadio en una primera resolución pero este fallo llegó apelado hasta la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, que revocó esa decisión y dispuso la continuidad de la investigación sobre su persona.

Ante esto, el juez procesó al actual gobernador pero ahora el tribunal intermedio, la Cámara Federal, revocó esa decisión y le dictó la falta de mérito por entender que no se hicieron las medidas de prueba que reclamaba la fiscalía -que apeló- y otras están en trámite.


Siguiendo los lineamientos trazados por la Sala III del mencionado Tribunal,(Casación) es que el juez debió profundizar la pesquisa a fin de disipar la incertidumbre que el caso presenta, según tal fallo", sostuvo la Cámara.

Ante ello, "aparece conducente a tal objetivo la realización de medidas tendientes a dilucidar la cuestión", concluyó el fallo.

El gobernador tucumano firmó la resolución 87 del 30 de enero de 2015 mediante la cual autorizó como ministro de Salud el llamado a licitación, con aprobación del pliego de bases y condiciones. El funcionario renunció a su puesto el 26 de febrero de ese año y fue reemplazado por Daniel Gollán, ya procesado en la causa y enviado a juicio oral.

La decisión alcanzó a otras dos ex funcionarias de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio que también quedaron con falta de mérito, en tanto otros dos imputados fueron sobreseídos. Las irregularidades en el llamado Plan Qunita habrían derivado en un perjuicio calculado en $450 millones a la administración pública.