El ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito llegó al juicio oral y público en su contra acusado por presuntos delitos en 39 obras públicas tramitadas durante su gestión en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), entre 2007 y 2012.

Hoy, la Sala VI de la Cámara Penal resolverá si hace lugar o rechaza el planteo del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, para sumar 31 casos a la imputación.

El Ministerio Público Fiscal se sirvió de un informe enviado por el Tribunal de Cuentas (TC) en el que actualizó el resultado de una auditoría técnica efectuada en 2013 sobre la administración de Brito en la DAU. Según la ampliación del requerimiento, que fue leída por Saltor en la sala de audiencias, fueron 16 las obras pagadas y no realizadas -es decir, “fantasmas”-, y el daño estimado al erario por estas anomalías es de $1 millón. Además, el fiscal detalló otras 15 obras pagadas y ejecutadas parcialmente. En este caso, el perjuicio a las arcas públicas sería de $930.400. La sumatoria ronda los $2 millones.

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Los abogados de la defensa, Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig (ayer no participó Francisco García Posse), solicitaron que se declare la nulidad del instrumento presentado por la Fiscalía de Cámara, ya que -a su criterio- vulnera garantías como los derechos a la defensa en juicio y al debido proceso. “No están (expresadas) las exigencias mínimas que debe cumplir una acusación”, señaló Ahumada. Aseveró que la estrategia de Saltor le dio la razón a sus críticas al requerimiento de elevación a juicio original, redactado en 2014 por el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, y confirmado por la ex jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera. “En ningún momento se describe la conducta (de mi cliente) que se supone delictiva”, agregó el defensor.

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Las juezas Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina pasaron a deliberar cerca de las 13. Estaba previsto que resolvieran la cuestión a las 15, pero el análisis se extendió. Por eso, darán a conocer la decisión hoy a las 9.

“Abusando de su cargo”

Brito está acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado y de negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.

El fiscal no modificó la calificación, pero prácticamente duplicó los casos imputados al ex funcionario alperovichista. Para hacerlo, además del informe del Tribunal de Cuentas, tuvo en consideración los testimonios de cuatro ingenieros fiscales del TC que participaron de la auditoría técnica a la gestión de Brito.

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Las compras y contrataciones objetadas al ex funcionario fueron realizadas sobre la base de la ley 7.960, que habilitaba a la DAU a eludir las licitaciones públicas en casos de urgencia y de necesidades prioritarias, y trabajos y servicios cuyo monto total no superaran los $150.000. “El imputado, abusando de su cargo, de la confianza depositada por el Estado provincial y de su autoridad para aplicar la ley, intervino expedientes (...) de obras que se encuentran pagadas, pero no ejecutadas”, detalló Saltor. Añadió que “los delitos continuados se caracterizan por una sola acción tipificada, que se prolonga sin interrupción en el tiempo”.

Algunos de los casos nuevos señalados por el fiscal de Cámara son: una red de cloacas en barrio Portal del Cerro, Yerba Buena, por la que se pagó $149.500, en la que Brito conforma el remito del proveedor; la fabricación y provisión de rampas para discapacitados en obras de cordón cuneta, que costaron $149.900; y el mejoramiento eléctrico para Escuela 145 La Fronterita (departamento de Leales), por un valor de $20.900. En estos tres ejemplos, según el informe del Tribunal de Cuentas, las tareas fueron abonadas, pero no realizadas.

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Ahumada calificó la solicitud de ampliación de la imputación como “inapropiada, temeraria y desesperada”. Recordó también que, en la primera audiencia, había planteado ante las juezas la nulidad del requerimiento de elevación a juicio original. “Si aquella era ‘una pieza procesal imperfecta’, esta es sumamente imperfecta”, señaló el defensor, citando una frase de Freidenberg. Añadió que es imposible hacer “una investigación suplementaria” de los casos nuevos. “Podrán ser motivo de otro juicio, ¿pero incorporarlos por la claraboya con el argumento de un supuesto delito continuado?”, protestó. Y anticipó que, de recibir una decisión adversa del tribunal, podría llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Estrechamos una relación de amistad con Estofán"

Un empleado de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Rubén Cabocota, fue el último testigo en declarar en la causa contra el ex director de esa repartición, Miguel Brito.

El arquitecto aseguró que se sintió obligado, por estar contratado en ese entonces y por supuestas presiones de sus superiores, a colocar montos con sobreprecios en documentos oficiales y a omitir otras irregularidades. En ese contexto, mencionó la obra del Juzgado de Paz de Monteros. A raíz de esto, Brito le pidió la palabra al tribunal. “Voy a incursionar en la parte privada de mi familia (para explicar este caso). Casi coincidente con mi época como director de la DAU habíamos estrechado una relación de amistad con el presidente de la Corte (Suprema), Antonio Estofán, en razón de que él estaba de novio con una íntima amiga de mi señora y compartíamos”, afirmó Brito, cuya esposa, según dijo, es funcionaria judicial con rango de secretaria. Agregó que el magistrado “siempre nos estaba pidiendo, con conocimiento del (ex) gobernador (José) Alperovich, que le dé una mano con los Juzgados de Paz”. Según Brito, la ley 7.960 permitía dar respuestas en esos edilicios, que estaban “en situación calamitosa”. Y añadió: “si yo, porque he tomado intervención en esto, por compromisos personales o porque quería hacer las cosas bien, y he cometido errores, bueno, les pido por favor que me entiendan los errores que podría haber cometido”. Recordó que un asesor suyo, “el abogado Alejandro Torres”, también “es amigo” de Estofán. “Siempre estábamos ahí: ‘vamos, hagamos rápido las cosas, las necesitan...’, bueno, tratando de quedar bien para cumplir no sólo con Estofán, sino también con la comunidad de Monteros y con la gente que trabajaba en el Juzgado de Paz”, dijo Brito. Añadió que el edificio fue reinagurado por el ex gobernador y Estofán. “Pregúntenle al (ex) presidente de la Corte o a Alperovich, que no tiene fueros como para que no le consultemos esto”, agregó. Además, refutó al testigo Cabocota. “¿Cómo puede decir que con media bolsa de cemento se puede hacer un metro cúbico de hormigón? Ni por la puerta de la facultad puede pasar”, dijo. Y negó que hubiera malos tratos al personal. “Hay tres gremios en la DAU”, esgrimió.