BUENOS AIRES.- Tras una maratónica sesión, la oposición ganó ayer el primer round parlamentario de la discusión sobre la suba de tarifas. Con 133 votos afirmativos contra 94 negativos y tres abstenciones, el arco peronista y el kirchnerismo consiguió la media sanción del proyecto de ley para ponerle un freno a los aumentos. Fue una sesión de alto voltaje atravesada por las incipientes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El interbloque Cambiemos hizo esfuerzos discursivos por calificar a la iniciativa de “irresponsable” y culpó a la gestión anterior por la herencia recibida en materia de política energética. Pero no alcanzó: el oficialismo vio pasar ante sus ojos el triunfo de la oposición y ahora deberá afrontar el debate en el Senado. De repetirse el resultado, la ley va camino al veto presidencial, según lo había anticipado el Gobierno.
El Frente Renovador, liderado por Graciela Camaño, y el interbloque Argentina Federal, conducido por Pablo Kosiner, garantizaron el grueso de los votos para avalar el proyecto. El Frente para la Victoria-PJ, al mando de Agustín Rossi, dejó de lado sus diferencias -proponía retrotraer tarifas a diciembre de 2017 y suspender los aumentos en 2018- y acompañó al espectro peronista. A la hora de votar también hubo tres abstenciones, del bloque de Martín Lousteau (Evolución), quien defendió su propio proyecto. Y se destacó la banca vacía de Elisa Carrió. Diputados del Movimiento Evita colocaron una gigantografía de la líder de la Coalición Cívica a modo de burla, pero Emilio Monzó, molesto, los mandó a sacarla, según relató Parlamentario.com.
El proyecto
El corazón del programa aprobado consiste en que la actualización de las tarifas no supere a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las PyME a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir.
Los mentores del proyecto -el justicialista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna- tuvieron que dar marcha atrás con la rebaja del IVA en las facturas del 21% al 10,5%. Por tratarse de un impuesto coparticipable, esa reducción había sido muy cuestionada por gobernadores. Y en el radicalismo advertían sobre un costo fiscal de $ 49.300 millones sumando 2018 y 2019. Esa no fue la única modificación que sufrió el texto aprobado en comisiones. También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes.
“Esto no es un proyecto de ley de desestabilizadores, de demagogos, ni de irresponsables: es un proyecto que trae la solución que está exigiendo la sociedad argentina”, afirmó el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, al abrir el debate, que se extendió durante 12 horas.
El diputado justicialista por Tucumán, Pablo Yedlin reconoció que el valor de las tarifas “no puede estar congelado, ni se puede regalar nada con la grave situación económica que vive nuestro país”, pero también advirtió que “negarle la energía a un país con problemas de desarrollo es condenarnos a no mejorar los índices de pobreza estructural que también son responsabilidad de este Gobierno”.
Desde el oficialismo, el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina (PRO), cuestionó al kirchnerismo, al señalar: “es duro escuchar que aquellos que provocaron este descalabro formidable hagan propuestas que son las mismas que nos llevaron a este problema”.
Protesta masiva
Mientras los ánimos se caldeaban en el interior del recinto, Miles de argentinos salieron a las calles en diferentes ciudades del país para protestar contra el aumento de tarifas. En Buenos Aires la manifestación fue masiva frente al Congreso nacional mientras la Cámara de Diputados le daba la media sanción al proyecto de ley.
Los manifestantes, además, expresaron su descontento por la decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir una ayuda financiera que permita contener la crisis que causó la devaluación del peso frente al dólar estadounidense.
Durante la manifestación, el secretario general adjunto de la Federación de Camioneros, Pablo Moyano, formuló un breve discurso ante la multitud y aseguró que la intención de la marcha era “apoyar a los diputados opositores” que impulsaban el “freno a los tarifazos”. (Télam-DPA)