La presunta aplicación irregular del sistema de compras directas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) es una de las claves del juicio oral y público contra Miguel Ángel Brito, que proseguirá hoy a partir de las 8 en los tribunales de avenida Sarmiento al 400.
Durante la gestión del ex funcionario alperovichista (2007-2012), se llevaron a cabo contrataciones de servicios y compras de materiales en casos de urgencia y de necesidad prioritaria -entre otros requisitos- por hasta $ 150.000. Estas operatorias excepcionales -la Constitución provincial fija la licitación como procedimiento ordinario para el Estado- continuaron siendo efectuadas durante la administración del gobernador, Juan Manzur, aunque por decreto de necesidad y urgencia (DNU). En 2016, el monto fue elevado a $ 300.000. Y a través de un DNU reciente, la cifra para esas compras directas -previo cotejo de precios- llegó a $ 850.000.
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“Los directores actuales de la DAU siguen con la misma modalidad de trabajo. Si hay alguna duda o inquietud, se puede recurrir al actual director (Alfredo Quinteros), y preguntarle (al respecto)”, declaró Brito el viernes, al hacer uso de la palabra ante las vocales de Alicia Freidenberg (presidenta), Stella Maris Arce y María Elisa Molina.
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El ex titular de la DAU, que es defendido por los abogados Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig, ya tuvo tres intervenciones ante el tribunal de la Sala VI de la Cámara Penal. En la última, señaló que el procedimiento habilitado por la ley 7.960 es constatado en distintas etapas por los profesionales del Tribunal de Cuentas (TC). “Cuando se dicta una resolución para declarar la urgencia (de una obra), se la pone a consideración del ente de control. Si comparten el criterio, estampan la firma y la habilitan. Pero no lo hacen desde un escritorio, como la contadora (del Poder Judicial, María Elena) Lampa, sino desde el propio lugar donde se realizará (el trabajo). Para ello van los técnicos (del Tribunal de Cuentas), y si estampan la firma en la resolución, continúa el proceso administrativo contable”, expuso Brito. El ex funcionario alperovichista está acusado de haber perpetrado los presuntos delitos de fraude a la Administración Pública y de negocios incompatibles con el cargo que ocupaba, beneficiando a empresas en situación irregular y a personas de su entorno, todo gracias a la ley 7.960, según la imputación.