Puede decirse que el momento que sintetiza el clima de la sesión de ayer en el Concejo Deliberante de Yerba Buena fue protagonizado por Pedro Albornoz Piossek. O por el micrófono que había estado usando él (en realidad). Porque cuando acabó con su discurso, lo arrojó al piso. No habrá sido esa su intención. Habrá querido dejarlo en su escritorio, de seguro. Pero su brazo llevaba la bronca de sus palabras. Había estado diciendo, durante unos 10 minutos, que el juez Horacio Castellanos es cómplice de aquella reunión en la que, en diciembre pasado, cinco ediles hicieron asumir a Rodolfo Aranda y eligieron, de entre sí, a sus nuevas autoridades. Que, con esa acción, degeneraron a la institución. Y que el gobierno del intendente radical Mariano Campero es “asquerosamente corrupto”. Hubo más y muchas acusaciones. De todas partes. De todos. Y hacia uno y otro sector. Esa fue la peculiaridad del cónclave. Si hasta en el período de homenajes, acabaron discutiendo.

El otro rasgo distintivo lo dieron los cuatro concejales enfrentados a Campero; entre ellos, Albornoz Piossek: de principio a fin, estuvieron en el recinto. En las últimas tres sesiones, al menos, no habían dado quórum, pues se encuentran a la espera de que la Justicia decida cuál de los dos espacios (si el de ellos o el que han conformado el resto de los integrantes del cuerpo) tiene la razón en el último pleito que los tiene enfrascados. Se trata -justamente- del altercado por aquella vez en la que juró Aranda y colocaron al peronista Héctor Aguirre en la presidencia, en reemplazo de Benjamín Zelaya, quien era acusado de querer perpetuarse en el cargo.

Desde las bancas

Desde las 11 y hasta las 14, estuvieron insumidos en esas riñas de palabras. A esa hora y hasta las 15, hablaron sobre los temas para los cuales habían sido convocados. A decir de José Macome, la sesión tuvo un tinte de catarsis. Hubo un momento, incluso, en que Albornoz Piossek bajó el tono de su voz, miró a Aranda a los ojos y le dijo: “yo te dije, Rody, esa vez parado frente a tu auto, que vos tenías que asumir. Pero no así”.

El tratamiento de los expedientes incluidos en el orden del día no estuvo ajeno a las controversias. Por un lado, Aguirre y Walter Aráoz -también del justicialismo- y Aranda, Macome, Javier Jantus y Marcelo Rojas -allegados a Campero- han conformado un sexteto. Declaran que quieren recuperar el ritmo de trabajo, extraviado el año pasado en el tumulto de peleas. Por ello, remarcaron en la sesión que los proyectos que estaban tratando habían sido estudiados por ellos, en las reuniones de las respectivas comisiones. Reuniones a las que -remarcaron, también- el cuarteto opositor lleva meses sin asistir. Esta última facción está conformada por Albornoz Piossek y los radicales Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico.

Ese trabajo conjunto de su decir quedó evidenciado a la hora de las votaciones, pues los seis votaron en la misma línea los temas peliagudos. Así, les otorgaron las factibilidades urbanísticas a cuatro proyectos que en 2017 habían ingresado a la comisión de Obras y Servicios Públicos, y que desde entonces aguardaban dictamen. También aprobaron la Ordenanza Fiscal Anual (OFA, por sus siglas), aunque le efectuaron modificaciones a la propuesta que originalmente había enviado la Secretaría de Hacienda.

En este punto del debate, el cuarteto opositor requirió que se incluyera sobre tablas un proyecto de su autoría, para eliminar algunos pagos, como alumbrado, barrido y limpieza. “¿Alguien ha visto alguna vez a un barrendero en esta ciudad?”, requirió Zelaya. No obstante, el grupo mayoritario les rechazó la solicitud. “Hubieran venido a trabajar. Hubieran venido a las reuniones de comisiones”, les dijeron, al unísono.