Empresarios azucareros de Tucumán han sido acusados de la presunta complicidad con la comisión de delitos de lesa humanidad durante el Operativo Independencia, en 1975, y hasta 1978, durante los primeros años de la última dictadura militar. El planteo fue formulado por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña. La acción del funcionario del Ministerio Público tiene como destinatarios a administradores y directores de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. durante los años mencionados. Sin embargo, la fiscalía no informó sus nombres.
Según fuentes judiciales, la Fiscalía sostiene que durante el lapso consignado, la fuerza de tareas del Ejército llamada “Rayo” se instaló en la planta fabril, distante 10 kilómetros al oeste de Famaillá. Allí realizó actividades de “control de la población” y de represión y persecución de opositores políticos, según la acusación. Se recuerda, justamente, que en los “Conventillos” y luego al lado de la “Laguna” del ingenio, funcionó un centro clandestino de detención en el que permanecieron secuestrados y fueron torturados trabajadores de La Fronterita, y habitantes de las colonias y de poblaciones cercanas.
En líneas generales, según las fuentes, la acusación considera probado que la empresa adaptó su organización para colaborar con los militares en las tareas de represión clandestina que tuvo como víctimas a personas a las cuales la firma tenía el deber de cuidar y de garantizar su vida e integridad.
Los administradores y directivos, por ello, son sindicados como presuntos cómplices primarios de los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares en contra de las 68 víctimas de la causa.
También se los considera supuestamente responsables de haberse asociado ilícitamente con los ejecutores militares, sobre la base de un cálculo de ganancia empresarial. El planteo de la Fiscalía sostiene que, entre 1975 y 1978, la empresa consiguió efectuar profundas reformas sin oposición del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita (miembro de Fotia, que estaba diezmado por la represión. Sólo en tres años, según el planteo judicial, la empresa redujo en un 35% la planta laboral; y para 1982 / 1983, en un 62%.
A la par, según la Fiscalía, durante el periodo 1975-1983, la empresa aumentó su producción en un 30% y adquirió en la liquidación de Conasa, ordenada por el gobierno de facto, el Ingenio Bella Vista y su destilería de alcohol, que subió su producción en un 34%.
La acusación tiene su origen en declaraciones de víctimas o familiares de víctimas y, según las fuentes, el juicio “Operativo Independencia” permitió ampliar el conocimiento que se tenía respecto de estos presuntos hechos.