El funcionario judicial y personal trainer Rodolfo Enrique Neufeld seguirá, por el momento, trabajando en el Poder Judicial de Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió quitarle tres cargos y trasladarlo al Archivo, y advirtió que la sanción podría empeorar en función del resultado de la causa penal que instruye la fiscala Adriana Giannoni (N°8). Los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán acordaron el castigo, que no está firme, después de meses de deliberar al respecto. La vocal Claudia Sbdar consideró que correspondía cesantear a Neufeld y votó en disidencia parcial (se informa por separado).

El alto tribunal aplicó una sanción que no usaba desde 2001 para poner fin, al menos en la esfera administrativa, al caso que involucra al jefe de los oficiales notificadores de la capital. Según la Acordada 373/18, la última retrogradación había implicado la supresión de dos cargos al entonces jefe de los Oficiales de Justicia, Alberto Martín Brito, que se jubiló en 2015 como secretario judicial “A”. Respecto de Neufeld, la sanción implicaría pasar de esa posición a prosecretario “B”. Si la rebaja se concreta, ganaría un sueldo básico de $ 53.174. Es decir, perdería alrededor de $ 5.500 mensuales respecto de su ingreso actual. Pero conservaría el empleo en la Justicia, cosa que no ocurrió respecto del Gimnasio Altos de Urquiza.

Fue la decisión de Neufeld de demandar una indemnización a esa empresa la que originó un sismo en Tribunales. En junio, la Sala VI de la Cámara del Trabajo no sólo denegó la reparación de $ 258.522 más intereses que el personal trainer pretendía sino que resolvió notificar a la Corte acerca de la grave incompatibilidad horaria y funcional detectada. Entre 2005 y 2015, Neufeld combinó su carrera en la Justicia -entró como ordenanza, sin concurso, y ascendió cinco veces- con la supuesta prestación de servicios en el gimnasio, en horarios en los que, según las camaristas María Poliche de Sobre Casas y Beatriz Bisdorff, debía estar trabajando en los Tribunales.

Durante la instrucción del sumario administrativo, una peritación caligráfica reveló que tres notificaciones atribuidas a Neufeld habían sido firmadas por un tercero. Las sospechas acerca de que otros podría haber hecho las tareas encargadas al oficial notificador fueron fortalecidas por la prueba pericial practicada en el ámbito de la causa penal, cuya copia consta en el sumario. La Corte citó estos antecedentes antes de rechazar las objeciones de Neufeld, que impugnó la parte que lo perjudicaba de la labor pericial, y esgrimió que los hechos habían prescripto; que la norma que pretendía regir su disciplina era inconstitucional y que había que usar la Ley de Contrato de Trabajo.

Los vocales rechazaron también el argumento de que no había controlado los datos consignados en la demanda laboral contra Altos de Urquiza puesto que este escrito lleva la firma de Neufeld, además de la del abogado. “De todo lo expresado surge que la conducta del funcionario afecta la eficiencia, el buen orden y el decoro del servicio”, dijeron. Posse, Goane, Gandur, Estofán y Sbdar recordaron que Neufeld, como oficial notificador, era portador de una “confianza especial”. Y añadieron: “la Corte no debe ser permisiva ante la gravedad de las faltas administrativas cometidas”.

"Es razonable una cesantía", dice Sbdar

A diferencia de sus cuatro pares varones, Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, consideró que la gravedad de los hechos atribuidos al personal trainer y funcionario judicial Rodolfo Enrique Neufeld justificaban su expulsión. Esta posición minoritaria consta en la Acordada 373/18 que quitó tres cargos al jefe de los oficiales notificadores de la capital y lo trasladó al Archivo, con la salvedad de que el castigo podría empeorar en función de cómo termine el proceso penal instruido en paralelo. La decisión fue emitida con los votos de los vocales Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán.

“En mérito a la gravedad de los hechos, es razonable imponer a Neufeld la sanción disciplinaria de cesantía”, dijo Sbdar en su voto separado. La vocal manifestó que esta solución “guardaba correspondencia” con las pautas establecidas por la actual composición de la Corte en las acordadas 7/18, 750/16, 48/15, 1.027/14, 221/14, entre otras. En esos actos administrativos, el alto tribunal echó a la empleada Miriam Josefina Herrera por intentar vender empleos judiciales; al empleado Hugo Daniel Sánchez por la “pérdida de confianza” y la existencia de una causa penal que lo involucra bacomo imputado; a Daniel Alfredo Sadigurski por cuestionamientos a su moralidad derivados de otro proceso penal; a Guillermo Alberto Molina por haber transgredido reglas propias de la función pública y a Mariela Elizabeth Arias por presentar certificados escolares apócrifos. En todos estos sumarios administrativos, los vocales votaron en el mismo sentido.