Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, recordó que hay límites entre los poderes del Estado y que cada esfera tiene sus funciones. “Los jueces no somos responsables de la seguridad”, afirmó respecto de comentarios recientes de Edmundo Jiménez, ministro público fiscal. “Si la Justicia pudiese resolver el problema de la inseguridad, sería el Poder Ejecutivo”, añadió en una entrevista en su despacho. En cuanto a las críticas del jefe de los fiscales respecto del camarista Enrique Pedicone, Posse dijo que “no le gustaba” que un juez haya sido calificado como “portero de la puerta giratoria”, más allá de que no podía limitar la opinión ajena, y que la Corte iba a sentar su posición en el expediente, cuando llegara el momento.
El problema de la inseguridad es mucho más complejo que dictar una sentencia, según el vocal. “Los jueces resolvemos la situación del imputado en una causa penal concreta. Antes de la comisión del delito, la prevención de la inseguridad es facultad del Poder Ejecutivo y, luego del hecho ilícito, este también tiene la potestad penitenciaria y la administración de los ámbitos de detención”, precisó. Y agregó que “indirectamente” la inseguridad -el fenómeno más preocupante- atenía al Poder Judicial si los procesos se dilataban o cuando había un uso indebido de la prisión preventiva, ya sea por exceso o por defecto. “Para continuar con la idea del hospital, puede decirse que la Justicia penal es comparable a la terapia intensiva: se ingresa ahí, cuando no directamente a la morgue en el supuesto de víctimas fatales, porque fracasó todo el tratamiento anterior. El hecho grave ya sucedió: nosotros, los jueces, no somos responsables de lo previo”, reflexionó. Posse manifestó que los Tribunales no podían ser cargados con la responsabilidad de “cuidar la calle”: “no podemos evitar los hurtos y los robos. Sólo aplicamos leyes que no hacemos nosotros, sino el Poder Legislativo. Pero si efectivamente hay jueces que incurren en mal desempeño, estos deben ser destituidos”.
Alberto Lebbos: “Jiménez quiere destruir la Justicia”
Las tensiones relativas a la inseguridad se intensificaron el mes pasado, cuando la Legislatura autorizó a los jueces a aplicar prisiones preventivas a delitos que podrían no necesitarla (modalidades de robo y hurto en la vía pública) por propuesta del jefe de los fiscales. Días después, Pedicone y el camarista Dante Ibáñez declararon por primera vez la inconstitucionalidad de oficio de la privación de la libertad establecida durante el proceso -cuando rige la presunción de inocencia- sin escuchar a la víctima y al imputado (luego fallaron del mismo modo en al menos otro expediente más). Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción no liberaron a los imputados, que siguen presos, sino que ordenaron la celebración de la audiencia oral y pública prevista en el nuevo Código Procesal Penal, digesto que, por decisión reciente de la Legislatura, será puesto en marcha en febrero.
Este fallo, que no está firme y que podría ser revisado por la Corte, como advirtió Posse, generó dos repercusiones. Por un lado, la víctima a la que la Cámara de Apelaciones dijo que había que oír pidió a la Legislatura que destituya a Pedicone (preopinante). Al día siguiente de que trascendiera esta noticia, el ministro público fiscal convocó a la prensa para decir que el camarista “lubricaba la puerta giratoria” e iba en contra de su preocupación porque los delincuentes estuviesen encerrados. Jiménez dijo que a Pedicone no lo motivaban ni la ley ni la seguridad de la provincia, y que había generado un caos en el sistema judicial porque su resolución resultaba impracticable y porque los criminales iban a volver a la calle.
“Nos pronunciaremos sobre las manifestaciones periodísticas del ministro público fiscal en el proceso. Esto sucederá el día que tengamos la causa entre nuestras manos. Entonces, sí, hablaremos por medio de la sentencia”, prometió Posse. Por separado, Alberto Lebbos, promotor de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, avaló a Pedicone y a Ibáñez, y opinó que Jiménez sólo buscaba destrozar la Justicia (se informa por separado).
Posse expresó su disgusto respecto de las alusiones descalificadoras hacia Pedicone y que estas corrían por cuenta de su autor. Explicó: “no me gustan las manifestaciones que hizo (Jiménez), pero eso no significa que no pueda hacerlas. Hoy todos los jueces estamos expuestos como nunca antes había sucedido. En otro momento quizá la sentencia (de Pedicone e Ibáñez) no causaba ningún efecto y ahora sí. Cada quien tiene derecho a manifestar su acuerdo o desacuerdo con ella: nuestra responsabilidad institucional es revisarla. Definiremos de acuerdo con la ley y nuestras convicciones”.