La articulación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán está en marcha. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) visitó a las autoridades del Poder Legislativo luego de la nueva prórroga en la implementación de esa normativa, que promete acortar los plazos de las causas abiertas por delitos (desde motoarrebatos hasta homicidios). Está previsto que el nuevo proceso penal rija a partir del 1 de febrero de 2019.

El encuentro de hoy, que arrancó a las 10.30 y que fue encabezado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, es considerado de alta relevancia institucional dentro del cuerpo legislativo. Por eso, la comisión de Labor Parlamentaria -integrada por los jefes de los bloques políticos y las autoridades de la Legislatura- resolvió ayer pasar a un cuarto intermedio y no convocar a una sesión para el jueves próximo, como estaba previsto.

En el debate de la semana pasada en la Legislatura, oficialistas y opositores habían expresado críticas al alto tribunal por la supuesta mora en la aplicación del renovado Código. Por ello, sancionaron sobre tablas y por unanimidad una resolución que solicita a la Corte Suprema “un informe sobre el grado de avance en que se encuentra” la puesta en marcha de esa norma, en el que deben estar incluidos “los aspectos presupuestarios, edilicios, de recursos humanos y toda otra herramienta necesaria para la prestación del servicio de justicia en materia penal”.


El código de procedimientos penales vigente data de 1991. En 2012, por impulso del alto tribunal, se comenzó a analizar la instrumentación, vía acordada, de un plan piloto para los tribunales del sur con el sistema adversarial. Entonces, el oficialismo de la Legislatura salió al cruce por un supuesto avance de la Corte Suprema sobre sus potestades constitucionales. Por fin, se conformó una comisión especial interpoderes que trabajó durante más de dos años para elaborar un anteproyecto de ley. El reformado Código Procesal Penal fue sancionado en 2016, y debía ser aplicado el 1 de septiembre de 2017.

Dos semanas antes, por pedido de la Justicia, la Legislatura aplazó la instrumentación hasta el 1 de abril de 2018. Ese día llegó y, según coincidieron oficialistas y opositores, la CSJT no solicitó a tiempo la nueva prórroga. Por eso, el lunes de la semana pasada se realizó una sesión especial en la que se fijó el 1 de febrero de 2019 como nueva fecha.