M.P. era conocido en la Justicia como un hombre que estafaba a personas con la compra y venta de vehículos. Para la Policía, era un experto en colocar en el mercado autos y camiones mellizos. Todos quedaron con la boca abierta cuando se enteraron que había sido detenido en la localidad salteña de Orán. Está acusado de ser el líder de una banda narco que trasladaba hasta casi 100 kilos de cocaína por semana. Nadie sospechaba que habría cambiado de rubro “delictivo”.
El acusado es uno de los tantos que entendieron que traficar droga, especialmente cocaína, era el gran negocio del momento. Tuvo, como muchos otros, la visión de aprovechar las fallas del Estado para crecer a pasos agigantados. En primer lugar, se amparó en el sostenido crecimiento del consumo entre la población, ya que las políticas de prevención y tratamiento de las adicciones son casi inexistentes en la provincia. Hasta los legisladores oficialistas reconocieron, después de escuchar a Matías Tolosa, secretario Prevención y Asistencia a las Adicciones en una reunión en la Legislatura que se estaba haciendo muy poco para solucionar el problema. Los opositores, en cambio, salieron espantados y gritaron a los cuatro vientos que el PE no hizo nada y que viene repitiendo un mismo modelo desde hace tres años.
La organización desbaratada dejó al descubierto una durísima realidad. Hay grupos que ya tienen todo aceitado para desparramar muerte en toda la provincia. No les interesaba llevar la cocaína a otras provincias, les alcanza con distribuirla en su tierra. Muy pocos entendieron que este grupo podría haber lanzado a las calles tucumanas unas 600.000 dosis, lo que se transforma en unos $6 millones. No es mucho, es muchísimo y más aún si se tiene en cuenta que no es el único narco que se encuentra operando en estas tierras.
Ranking negro
Hace muy pocos días, la Procuradoría de Narcocriminalidad de la Nación presentó un informe sobre las causas que se iniciaron en cada distrito del país. Identificó claramente los tipos de causas que se iniciaron desde 2011 hasta 2016. Tucumán con 1.908 expedientes lidera el ranking de narcotráfico en el NOA. Supera inclusive a las iniciadas en provincias fronterizas (donde se supone que es más fuerte el tráfico de estupefacientes) como Orán (1.555), Salta (1.272), Jujuy (1.215), Catamarca (271). Santiago del Estero, que al igual que nuestra provincia está lejos de los países productores de droga, cuenta con 745 causas. Otro dato: en las fiscalías hay más expedientes a analizar que en la tensa Corrientes, que desde hace años viene siendo protagonista porque es la principal puerta de ingreso de la marihuana paraguaya.
Nuestro territorio, según el mismo informe, es el único en el que se observó un crecimiento sostenido de causas. Por ejemplo, en 2011, año en el que se inicia el estudio, se registraron 188 causas, en 2014, en la mitad del trabajo, ya se habían registrado 269 y, en 2016, último año estudiado, llegaron a 697. Y se estima que el año pasado fueron unas 870. Los números asustan, pero espanta que la Justicia Federal tenga menos de 10 personas para investigarlas. “Y a veces tenemos que elegir dónde depositar el mayor esfuerzo”, indicó una fuente.
A eso se le debe agregar la falta de herramientas. Solo tres de los 22 pasos fronterizos cuentan con controles permanentes para evitar el ingreso de sustancias prohibidas. Las fuerzas nacionales y provinciales tampoco cuentan, como ocurre en otras provincias, con una oficina de escucha telefónica directa. Tienen que enviar personal a Buenos Aires que, en el mejor de los casos, recopilará información cada seis horas, tiempo que tarda un narco para unir Orán con Tucumán.
Diferencias
Salta es una provincia que tomó en serio la lucha contra el narcotráfico. En cuestión de meses, el gobierno de Juan Manuel Urtubey acordó con la Justicia Federal que las causas de narcomenudeo queden en manos de la justicia ordinaria para que ellos concentraran todos sus esfuerzos en las grandes organizaciones. También logró que en esas tierras se instalara una oficina de la Unidad Información Financiera (UIF) que sigue bien de cerca los movimientos económicos de los señores que trafican muerte. Eso no es todo: cuenta además con una oficina de la Procuraduría de Narcocriminalidad para que se sume a lucha contra las organizaciones que trafican droga.
Tucumán está muy lejos de eso. Por pedido de los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito, con el apoyo de la senadora Silvia Elías de Pérez, en agosto pasado se confirmó que en la provincia se instalaría la Procunar, oficina que se especializa en la lucha contra delitos vinculados al mundo del narcotráfico. Han pasado ocho meses y ese equipo aún no trabaja porque no se le designó presupuesto para al menos designar al personal. El gobernador Juan Manzur, en diciembre, anunció la creación de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, pero han pasado cuatro meses y nada se hizo sobre el tema. Ni hablar de la creación de la tercera fiscalía federal en la provincia, anunciada en 2013, pero que hasta el momento sigue sin poder funcionar. Mientras nuestros dirigentes se toman todo el tiempo del mundo para resolver problemas y cumplir con sus promesas, los señores de la muerte se transforman en los amos de las calles.