Así como una resolución creó los cupos especiales de casas de interés social, otra resolución dejó sin efecto esa potestad discrecional. En el medio pasaron 23 años cargados de versiones sobre la distorsión o el posible uso político de una facultad que había nacido, como muchas excepciones reglamentarias, con fines nobles: atender la necesidad extrema o la situación de emergencia de quienes golpean las puertas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu o IPV). Con el afán de cerrar un foco de sospechas y de conflictos -que a la vez erradica los pedidos y favores-, la interventora Noemí Ferrioli resolvió dejar sin efecto la posibilidad de entregar hasta el 20% de techos por fuera de los mecanismos regulares establecidos.

La limitación que Ferrioli se impuso a sí misma consta en la Resolución N° 1.140/18 del 23 de marzo. Según fuentes del Instituto, la decisión obedece a la intención de poner distancia con la gestión del ex interventor Gustavo Durán, que falleció en noviembre (Ferrioli, que era la número dos, asumió en su lugar), y de frenar las controversias que generaron las causas penales abiertas en el último tiempo (se informa por separado). El mismo instrumento, que ya tiene el visto del Tribunal de Cuentas, adhiere al Ipvdu al régimen de control de beneficiarios de las políticas de vivienda que puso en marcha la Nación con el fin de transparentar y garantizar la adjudicación adecuada de los beneficios. La herramienta denominada “Sistema de Gestión de Beneficiarios” (Sigebe) permitirá entrecruzar los datos de ciudadanos inscriptos en programas habitacionales de la Nación, las provincias, los municipios y hasta los sindicatos.

Los cupos especiales de viviendas datan de 1995, y fueron regulados por la entonces interventora y hoy camarista laboral Malvina Seguí. Este subconjunto de casas de interés social (dos de cada 10) podía ser asignado obviando ciertos requisitos generales del programa, como el pago del cofinanciamiento, del terreno o del ahorro previo, según la Resolución 1.893/95. La Intervención quedaba habilitada para entregar la mitad del cupo del 20% -10% de las casas-, pero siempre debía beneficiar a grupos familiares que acreditaran los requerimientos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) en cuanto a composición del hogar, nivel de ingresos, y carencia de inmuebles y de otras ayudas habitacionales. El 10% restante del cupo especial quedaba reservado para beneficiarios preseleccionados en forma fundada por el Departamento Social del Ipvdu. A partir de la gestión de Seguí, que fue muy breve, todos los interventores del Instituto dispusieron de este poder. “Buscábamos proteger a los sectores de menores ingresos, que no llegaban a los niveles de cofinanciamiento exigidos en aquel momento. Pero sí había requisitos para la asignación de las casas (del cupo)”, precisó Seguí ayer.

La autolimitación dispuesta por la Intervención actual implica que, salvo los porcentajes afectados a fines específicos por las leyes nacionales (como la ayuda otorgada a los ex combatientes de Malvinas) y los emprendimientos en marcha en conjunto con otras entidades (sindicatos y empresas constructoras, entre ellas), las casas del Ipvdu serán adjudicadas en el futuro por medio del régimen general. Este mecanismo también está en discusión: en el Instituto quieren regresar al esquema del sorteo, pero la decisión final depende del Gobierno. La adopción de la lógica del azar, que se supone que es la que, en igualdad de condiciones, garantiza la mayor transparencia, obligaría a depurar el antiguo padrón, que supera los 100.000 aspirantes.