Un presidente aceleró, otro presidente frenó. Durante la mañana, Osvaldo Jaldo, vicegobernador y titular de la Legislatura, opinó que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debía sentar una postura sobre la delincuencia. Concretamente dijo: “tiene que opinar y fijar posición, y decir qué quiere para la seguridad de la provincia”. Horas después, Daniel Posse, jefe del alto tribunal, dejó las definiciones para más adelante. En síntesis expresó: “los vocales de la Corte no podemos responder por cada juez que dicta una inconstitucionalidad. Hay que esperar que los casos lleguen a nuestras manos”.

El intercambio es otra repercusión de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que declaró inconstitucional la prisión preventiva impuesta sin oír al imputado y a la víctima. La posibilidad de que el juez de Instrucción en lo Penal prive de la libertad al imputado durante el desarrollo del proceso por el mero requerimiento del Ministerio Público Fiscal o, incluso, de oficio, consta en el artículo 284 del Código Procesal Penal de Tucumán. El 23 de marzo, los camaristas Enrique Pedicone (preopinante) y Dante Ibáñez manifestaron que esa cláusula transgredía la Constitución y los pactos internacionales, y ordenaron no la liberación sino la revisión de la prisión preventiva impuesta a dos guardias penitenciarios acusados de homicidio agravado. El camarista Eudoro Albo disintió y confirmó parcialmente la medida cautelar.

La divulgación de este pronunciamiento válido exclusivamente para el caso particular y que aún no está firme generó expectativas entre los defensores de imputados con prisión preventiva. En “Buen Día”, el programa televisivo de LA GACETA, Jaldo dijo que, si bien se trataba de un caso solo, le preocupaba el “efecto cascada”: “llegaríamos a tener más de 500 presos sueltos. No hablemos de que no aplicaríamos la prisión preventiva en el futuro sino de que podríamos liberar a los que están en la cárcel. Esto va en contra de la decisión política de la Legislatura y del gobernador Juan Manzur de endurecer las leyes; de lograr que los delincuentes estén donde deben estar, que es en la cárcel, y de tratar de que no entren por una puerta y salgan por la otra”.

Hubo una avalancha de planteos para dejar en libertad a detenidos con prisión preventiva

Si bien reiteró que era respetuoso de la Justicia, el vicegobernador expresó que la Corte “ya tenía” que opinar. “Como yo debo responsabilizarme por lo que pasa en la Legislatura y el gobernador, por lo que pasa en el Poder Ejecutivo, así también ellos tienen que tomar cartas en el asunto. Pero no hay dudas, conociendo a los integrantes de la Corte, que están en el mismo camino nuestro de endurecer las leyes y de que los delincuentes estén donde deben estar”.

En un diálogo telefónico con este diario, el presidente del alto tribunal provincial recordó que todos los jueces estaban habilitados para declarar las inconstitucionalidades que consideraran pertinentes por pedido de parte o por su propia iniciativa. “La Corte sólo puede revisar esa resolución si las partes recurren”, explicó (el ministro público fiscal Edmundo Jiménez anticipó que su institución pedirá la revocación de la inconstitucionalidad). Y añadió: “sí nos preocupa el tema de la seguridad. Prueba de ello es que estamos trabajando con los otros dos poderes del Estado en medidas que no son procesales y que en algún momento darán resultado”.

El Ministerio Público recurrirá el fallo que revocó dos prisiones preventivas

Aunque la sentencia de Pedicone e Ibáñez no hace más que exigir la aplicación del sistema previsto en el nuevo Código Procesal Penal sancionado en 2016 por esta Legislatura (sólo hay algunos artículos en vigor), la decisión judicial encendió las alarmas puesto que hace dos semanas los legisladores endurecieron la prisión preventiva justamente mediante una reforma al artículo 284 del viejo Código. La remodelación, que había sido propuesta por el ministro público Jiménez, autoriza a los jueces a encarcelar preventivamente a quienes roban en motocicletas (motoarrebatadores), fracturando los cristales de los autos (rompevidrios) e ingresando a casas particulares (escruchantes). Estos delitos están sancionados en el Código Penal con penas de prisión que van de un mes a seis años. Como la prisión preventiva tiene un máximo de 24 meses, podría darse la circunstancia de que la Justicia aplique a un ladrón una pena más corta que la que purgó provisoriamente durante la etapa previa a la sentencia. Además, la detención in fraganti genera una reducción de la sanción por la tentativa. El orden jurídico establece que la privación de la libertad durante el proceso procede excepcionamente sólo cuando hay peligro de fuga o de obstrucción de la Justicia.

Ordenan revocar la prisión preventiva a dos guardias por la muerte de un preso

La posibilidad de que la reforma del 284 también sea declarada inconstitucional había sido insinuada el 8 de marzo, cuando Jaldo y otras autoridades legislativas visitaron a los vocales de la Corte para tratar la intensificación de la prisión preventiva. Una de las aristas que presenta el problema del encarcelamiento provisorio es que la provincia carece de establecimientos penitenciarios en condiciones de acoger a los presos, déficit que el alto tribunal puso en evidencia en 2016 mediante una sentencia que, según el propio Posse, está a grandes rasgos pendiente de cumplimiento por parte de los poderes políticos.

OTRAS DEFINICIONES DE JALDO

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO.- “¡Qué mejor manera de invertir parte de los excedentes financieros que tenemos en la Legislatura que en la educación! (...). Es una decisión muy importante y en estos dos primeros días llevamos ya 15.000 inscriptos. Quiere decir que había una necesidad y que la medida es acertada. Se está implementando y en marcha con la idea de que sea usado en abril. Si me preguntan a mí, el boleto estudiantil gratuito llegó para quedarse. Va a ser difícil sacarlo en el futuro. No lo pusimos en marcha antes porque había menos excedentes financieros”.

TRANSPARENCIA.-“Cada presidente implementa las políticas en la Legislatura. En mi caso particular he tenido el acompañamiento de los presidentes de bloques de los diferentes espacios políticos. Venimos trabajando con el mayor pluralismo. Si no hay consenso, valen los números. En 2017 hemos tomado decisiones fuertes: los gastos sociales pueden ser legales y constitucionales, pero estaban muy cuestionados, y nosotros, que somos políticos, escuchamos. Por eso los hemos eliminado. Se puede decir que son transparentes las cuentas de la Legislatura. Siempre lo han sido porque fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas”.

EL TRIUNVIRATO Y 2019.-“Toda la ciudadanía tucumana está viendo que el gobernador (Juan Manzur) y el vicegobernador (Jaldo) forman un verdadero equipo y trabajan juntos. Esto no se vio siempre. Hubo divorcios del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. En esos casos, se empiezan a cruzar los roles: el vicegobernador cree que es el gobernador o el gobernador quiere manejar la Legislatura. Entonces, no se toman las medidas o las que se toman son por especulación política y para dañarse mutuamente. No tengan dudas de que esta armonía en las decisiones se mantendrá durante el año próximo. (...) De ninguna manera hay un triunvirato de poder en la provincia. Gobierna Juan Manzur, para eso lo han elegido, y Osvaldo Jaldo acompaña. Mi expectativa es fortalecer la gestión”.

EL VÍNCULO CON EL SENADOR.- “Mi relación con José Alperovich está bien, bien, simplemente tenemos roles diferentes. José ha sido elegido senador para representar a los tucumanos en la Cámara Alta. Nos complementamos y estamos en contacto permanentemente. Capaz que yo no aparezco en las fotos de José y Juan porque a lo mejor Juan es más querendón y visitador. Yo estoy desde las 7 de la mañana en la Legislatura trabajando. A mí también me gustaría tener tiempo libre para sentarme a tomar un café con el senador”.