Dos marchas y un punto de confluencia: la plaza Independencia. Así se conmemoró ayer el 42° aniversario del golpe militar de 1976 en Tucumán. Bajo la lluvia, militantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones sindicales, políticas y sociales y, por otro lado, los pertenecientes a movimientos de izquierda no sólo recordaron a los desaparecidos, sino también dejaron en claro que se oponen a los excesos de las fuerzas de seguridad, a la política económica que instrumenta la gestión del presidente Mauricio Macri, y a la designación del abogado de acusados por delitos de lesa humanidad como juez de instrucción penal, en referencia a Facundo Maggio.
Pasadas las 19 se leyó el documento firmado por los distintos movimientos de izquierda, frente a la explanada de Casa de Gobierno. Entre otras cuestiones, rechazaron el impulso del beneficio de prisión domiciliaria a ex militares, por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.
“Es una movilización independiente, a 42 años de la dictadura genocida, en contra de la política llevada adelante por el Gobierno nacional y provincial. Consideramos que el ajuste, la impunidad y la represión están acompañadas por (Juan) Manzur. Tenemos a un abogado defensor de genocidas que va a ser juez propuesto por el gobernador y votado por los legisladores oficialistas. En tiempos en donde pretenden que más de 100 genocidas vayan a la casa, exigimos más que nunca cárcel común, perpetua y efectiva”, repudió Ariel Osatinsky, secretario general de Adiunt.
Por otra parte, el conjunto de organismos de derechos humanos marchó por calle 25 de Mayo, hacia plaza Independencia, donde se montó un escenario, de espaldas al edificio gubernamental, como una manera de reclamar la designación de Maggio como juez.
Más de 50 agrupaciones, acompañadas por fuerzas políticas y sociales, consensuaron un escrito, en el que revalidaron, entre otros pedidos, la demanda de justicia y el reclamo por la restitución de los nietos robados y apropiados durante el proceso militar. Esto fue acompañado del grito de los presentes por los “30.000 compañeras y compañeros detenidos y desaparecidos presentes ahora y siempre”.
Ema René Ahualli y Luisa Dibanco, pertenecientes a diversas organizaciones de derechos humanos, manifestaron a LA GACETA la convicción de su lucha.
“Los derechos humanos son imprescindibles, no hay que minimizar sus causas como lo hace este Gobierno (nacional), debemos conocerlos y luchar por ellos”, expresaron las militantes.
Dibanco, integrante de la comisión de derechos humanos del Colegio de Psicólogos, estuvo exiliada durante varios años; Ahualli, se trasladó por diferentes provincias en busca de memoria, verdad y justicia para su compañero Emilio Carlos Asales, desaparecido hace 42 años.
El acto finalizó con la consigna de “seguir luchando por el país que soñaron nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”. La conmemoración también incluyó un homenaje en la Escuelita de Famaillá, considerada como el primer centro clandestino de detención del país.