Ayer se confirmó que la firma que el testigo Ramón Marcelo Fernández no reconoció como propia en la jornada del martes pasado pertenece a una declaración que realizó en sede policial y no en Tribunales, como se creyó en ese momento.
Las dudas fueron despejadas cuando se exhibió a las partes, al comienzo del debate, una copia de la citación que en su momento el tribunal le envió a Fernández para que se presentara a declarar como testigo en el juicio en el que se investiga el homicidio de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento. Por este último delito están sentados en el banquillo de los acusados miembros del área de Seguridad y de la cúpula policial.
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De esa manera se constató que las firmas de la notificación y de la declaración en Tribunales eran similares. En cambio, diferían de la que el operario de Vialidad efectuó ante autoridades policiales.
“No es mi firma”, había afirmado el testigo cuando el secretario de la sala III, Marco Antonio López Frías, le exhibió el acta para que constatara si la rúbrica le pertenecía.
Esa situación sorprendió a todos. Además, motivó que Gustavo Morales, abogado de Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, solicitara que el fiscal Diego López Ávila (quien investigó y formuló el requerimiento de elevación a juicio del caso) fuera investigado para establecer si se cometió algún delito al momento de confeccionar el acta.
Los jueces Dante Ibáñez (presidente) y los vocales Carlos Caramuti y Rafael Macoritto rechazaron el planteo de investigación contra López Ávila.
Controversia
Mientras que para la querella eso confirma que hubo maniobras de encubrimiento durante la investigación del caso, los defensores de los imputados sostienen que no se trata de una prueba que los incrimine.
“Su declaración no nos complica, sino todo lo contrario. No debe ser entendida como parte del encubrimiento policial, sino como mentiras del testigo ante la Policía y la Justicia”, sostuvo Enrique Andrada Barone, abogado del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez.
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“Su firma debe ser materia de una pericia caligráfica para determinar si hubo un delito de parte del testigo o de la fiscalía que investigó el caso”, aclaró el letrado.
“Las firmas se hicieron con seis años de diferencia. Durante ese tiempo una persona puede ir cambiando su forma de escritura. No representa un problema para esta defensa”, indicó Silvia Furque, co-defensora de Rubén Brito, ex jefe de la Regional Norte.
“En absoluto complica a mi defendido. Creo que se deben remitir las actuaciones a la fiscalía de turno para que se investigue el caso y los motivos por los que el testigo negó que se tratara de su firma”, expresó Gustavo Carlino, defensor de Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía.
Carlos Posse, abogado del ex policía Hugo Rodríguez, coincidió con ese criterio. “Es necesario que se realice una investigación para despejar sospechas”, expresó.
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“Debe hacerse una pericia caligráfica. Lo que aquí se diga es temerario y acientífico. Será en una futura investigación donde se determine la verdad”, expresó Morales, defensor de Di Lella.
“Sin duda complica a los policías. El testigo ha obstruido el normal funcionamiento de la audiencia. Es una afectación grave al normal desenvolvimiento de la administración de Justicia”, sostuvo Emilio Mrad, representante de Alberto Lebbos.
“El testigo, desconociendo su firma, dejó en claro que ha tratado de obstaculizar la Justicia y desacreditar esta investigación con un testimonio que fue mendaz, lo que es gravísimo”, aseveró el fiscal de Cámara Carlos Sale.