Para superar una crisis es necesario, sentarse, pensar y analizar cada uno de los aspectos que se pueden modificar para cambiar el rumbo de la historia a largo plazo, no de manera inmediata como muchos quieren hacer creer que lo harán. Y eso es lo que está sucediendo en Tucumán en materia de seguridad. Hay parches por todos lados, pero ninguna solución a fondo. Y eso es un caldo de cultivo para que cada vez sean más los tucumanos se que transformen en denunciadores seriales en las redes sociales y no ciudadanos de bien comprometidos en intentar cambiar la cada vez más salvaje realidad que golpea a todos.
La fiscala Adriana Giannoni quedó en la mira de todos por hacer su trabajo en el caso de la muerte de Facundo Ferreira. Eso fue suficiente para que la apuntaran y la escracharan sin piedad en las redes sociales. Todo porque decidió investigar la actuación que tuvieron los dos policías que intervinieron en el hecho. La fusilaron por hacer lo que las leyes la obligan a hacer. Los tucumanos no lo quieren entender porque prefieren tener una policía de mano dura que lastime -y si es posible que mate- a todos aquellos que cometen delitos. En otras palabras, incitan a que violen las leyes las personas que deberían hacerlas cumplir. Los mismos que la cuestionaron fueron los que se escandalizaron con el audio de esa mujer que anunciaba el autoacuartalamiento de la fuerza. Pero esa misma persona sería la que llamó a la fiscalía de Giannoni para presionar para que libere a los dos uniformados implicados en la muerte del menor. Los investigadores están tras los pasos de esa mano negra que evidentemente quiere desestabilizar el poco orden que queda en la provincia.
Orden hecho añicos
Y ese orden quedó hecho añicos con los violentos cortejos fúnebres que horrorizaron a los tucumanos en las últimas semanas. Se trata de decenas de jóvenes que se adueñan de las calles insultando y robando a los automovilistas y generando temor entre los vecinos disparando sus armas para despedir a las personas que murieron de manera trágica en las últimas semanas.
Esa situación, terrorífica por cierto, generó las más duras críticas a la policía por no haber intervenido. Pero pareciera que los tucumanos se olvidaron que los uniformados no están preparados para enfrentarlos. No tienen chalecos antibalas (el ministro Claudio Maley reconoció que los 450 con los que cuenta la fuerza están vencidos) y, si resultara necesario hacerlo, no están capacitados para usar sus armas. Entonces no sería descabellado pensar que un intento de detener a esos violentos podría terminar en una tragedia que generaría mucho más caos y posibles conflictos sociales.
Y si de responsabilidades se trata, el fiscal Washigton Navarro Dávila, después de haber visto en las redes sociales decenas de denuncias sobre lo ocurrido en uno de los polémicos cortejos fúnebres, actuó de oficio y decidió investigar lo que ocurrió en el camino de Sirga y San Martín, Yerba Buena. Informó a los medios que había organizado a su fiscalía para atender a las víctimas para que el trámite fuera sencillo y rápido. A cambio de datos para identificar a los vándalos, prometía total confidencialidad y hasta protección si es que llegaba a ser necesario. Pero ninguna de las personas que contó la desgracia que le tocó vivir en las redes sociales hizo la denuncia correspondiente.
Pero si algo que le faltaba a esta situación es la falta de herramientas que tienen los investigadores a la hora de realizar su trabajo. Otra vez los pesquisas se toparon con un duro obstáculo: las cámaras de seguridad del Estado no habían registrado nada. Sí encontraron pruebas en los sistemas montados en casas y negocios, pero no pudieron conseguirlas porque sus propietarios se negaron a facilitarlas. Obviamente que es mucho más fácil criticar que colaborar con la Justicia.
Paradojas
Es muy probable que Ornella Dotori y Gisella Barrinuevo no se hayan conocido, pero el destino las unió de la peor manera. Ambas tenían severos problemas de adicción y, al ser más vulnerables que cualquier otra chica de sus edades, fueron asesinadas. Sus padres, en menos de un año de diferencia hicieron el mismo planteo: no existe en Tucumán un lugar para internarlas, ya que los tratamientos ambulatorios nunca les sirvieron. Pero el Estado sigue sin darles respuestas. El gobernador Juan Manzur, después de años de dar vueltas, confirmó que la provincia se hará cargo de la construcción del Cepla. Pero son varios los que se necesitan y en distintos puntos de la provincia, no sólo en La Costanera. Si las autoridades no entienden esta difícil situación, el centro de rehabilitación se transformará en un monumento al parche y no al principio de la solución de un problema.
El homicidio en ocasión de robo es el delito más aberrante que existe. El policía Marcelo Adrián Ruesja, asesinado de un disparo en la frente por dos jóvenes que quisieron quitarle la moto, se transformó en la octava víctima fatal de la inseguridad en la provincia en lo que va del año. Comparando con las cifras del año pasado, hubo cinco casos más, casi el triple. Es entendible entonces que la sociedad reclame y a través de las redes sociales comience a convocar a marchas para pedir por mayor protección. Quieren vivir en paz. Detestan horrorizarse con las cosas que están sucediendo en la provincia. Pero lo que no hacen los tucumanos es dejar de fomentar ese mercado negro que tantos asesinatos genera. Comprar un celular usado de dudosa procedencia, una moto o un repuesto en negocios marginales es una manera de alentar a que se cometan esos crímenes. Eso tampoco nadie lo entiende, ni hace lo que debe hacer.