Los concejales de la oposición intentarán derogar una ordenanza que le permitía al intendente, Germán Alfaro (Cambiemos) pedir crédito sin la autorización del Concejo. Mientras que desde las bancadas Tucumán Crece-PJ (afín al Gobierno provincial) y Fuerza Republicana explican que la medida le devolverá atribuciones al cuerpo vecinal, los miembros del Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos consideran que se trata de una maniobra para perjudicar la gestión, a un año y medio de las elecciones.

El 29 de noviembre de 2015, en la primera sesión de la actual conformación del Concejo, Alfaro logró la aprobación de cuatro ordenanzas que le garantizaban un blindaje económico a su gestión. El Municipio solicitaba un permiso para tomar deuda, el aumento del 30% del valor del Urbano, una ampliación presupuestaria de $ 297 millones y la adhesión a la ley de emergencia económica de la Provincia, lo que implicaba la inembargabilidad del patrimonio de San Miguel de Tucumán.

“La ordenanza N° 4.780 fue un instrumento que se dio al intendente para tratar de tener cierta seguridad en las finanzas del municipio cuando estábamos con muchas dudas sobre el futuro de la economía. En los últimos años el presupuesto municipal se subejecutó. Los recursos alcanzan para obras y para medianamente llevar los servicios a la gente, así que no hay necesidad de que esta ordenanza siga vigente. El proyecto para derogarla ya tiene dictamen de una comisión”, explicó el peronista José María Franco, presidente de la comisión de Hacienda. Franco (bloque Restauración Peronistas) negó que se trate de una medida contra la gestión del intendente: “No decimos que con la derogación el municipio no podrá sacar crédito, sino que cuando sea necesario trataremos el pedido, como marcan las leyes”.

“Lo importante de que se avance con la derogación es que el Concejo recuperará sus facultades. Volverá a ser el órgano de control del Municipio y dejará de funcionar como una dependencia del ejecutivo, como desde hace dos años. A la hora de tomar crédito se debe establecer qué montos se pueden solicitar, las condiciones del crédito y la entidad. Queremos que se termine con una norma totalmente benevolente”, consideró David Mizrahi, presidente de la bancada del PJ.

“Acá simplemente buscamos poner las cosas en su lugar: el intendente cada vez que necesite pedir un crédito deberá pedir autorización al Concejo. Lo que se había aprobado al comienzo de la gestión estuvo realmente muy mal, porque le estaba dando superpoderes al intendente. Era verdaderamente un cheque en blanco, dejaba el futuro económico del municipio atado al capricho del intendente”, consideró Ricardo Bussi, promotor de la derogación de la norma.

En Cambiemos, en cambio, la derogación de la ordenanza tiene un solo objetivo: perjudicar la gestión municipal. “La oposición busca poner palos en la rueda. Cuando el intendente ha enumerado la cantidad de obras que se van a hacer este año, que seguramente requerirán de algún tipo de compromiso financiero aparece este despropósito de que se quite la facultad que el propio Concejo aprobó”, sentó postura Agustín Romano Norri, presidente de la bancada Cambiemos. Y agregó: “esto está vinculado a la cercanía del 2019, el PJ busca arrebatar la capital a Cambiemos a cualquier costo”.