La audiencia de ayer en la sala Caviglia fue ejemplificadora del malestar que hay en Tucumán con respecto al caótico servicio de agua y cloacas. “Mentirosos”; “Nos quieren chorear”; “Hace falta un salvataje”; “Homicidio social”; “Anomia”; “Impunidad”; “Irrazonable”, fueron palabras y frases que se escucharon. Hubo enojo del público cuando hablaron los funcionarios de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), y hasta los representantes de los usuarios en el Ersept (ente de contralor) y en Defensoría del Pueblo la pasaron incómodos cuando expusieron. De entrada se planteó que la convocatoria era nula por adolecer de varias irregularidades y a duras penas José Erazzú y Sofía Simón, moderadores del Ersept, mantuvieron la continuidad de las exposiciones. Es que no sólo la SAT está considerada como una pésima prestadora (las ciudades del gran Tucumán están inundadas de derrames cloacales y tienen problemas con la provisión de agua) sino que el otro malo de la película es el Ersept, acusado de no controlar lo que se ha hecho. La audiencia, con todo, tuvo algo fortísimo: a los gritos o con serenidad, se pusieron en público los problemas y el hecho de que todo haya terminado en un impasse muestra la complejidad del problema: la verdad es que Tucumán hace agua en esta materia.
Gerente y dueño de la consultora
Lo más resonante fue la denuncia del legislador José María Canelada de que el gerente comercial de la SAT, Rodolfo Quiroga, es el dueño de la consultora AGIP, contratada por la empresa de agua para hacer un estudio. “Está muy orgulloso del escándalo en que nos mete a todos los tucumanos. hay un conflicto de intereses. ‘Oiga, consultora, ¿usted cree que la SAT debe subir la tarifa?’ ¡Un papelón!”, dijo Canelada. Aplausos del público, y en la primera fila el interventor de la SAT, Fernando Baratelli, habrá querido que se lo trague la tierra. Después el secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, le sugirió críticamente que debía aclarar, “por su honorabilidad”, esta situación. Baratelli fue salvado por la gente del Ersept, que dijo que ese informe sobre la consultora estaba en el “paper” que había estado a disposición de todos antes de la audiencia. Al final del encuentro, el interventor salió a toda velocidad de la sala Caviglia. Pero el “affaire Quiroga” está expuesto y ha de tener sus consecuencias.
Lo primero que salta a la luz es: ¿qué credibilidad pueden tener los informes que da la SAT para justificar la suba de la tarifa o el pedido de dinero (hace muy poco se le entregaron $ 40 millones para la emergencia, aunque dicen que sólo les llegaron $ 5 millones por ahora) si sus procedimientos están viciados por el interés o por presuntos negociados?
Ayer se dieron varios datos. Que hay una nueva planta en Las Talitas que va a solucionar los problemas de 200.000 personas en Villa Carmela, Tafí Viejo y Villa Mariano Moreno (“¡sí, esto es Holanda!”, dijo alguien del público). Que los tucumanos gastan 338,9 litros por persona por día (hace una década se decía que se gastaban 450 litros). Que el costo es de 94 dólares por cuenta y que la facturación es de 89 dólares. Que el 78% de los clientes de la SAT no hace reclamo (hubo fuertes abucheos en el público). Que la SAT necesita $ 1.000 millones urgentes “para tener eficiencia y reposición”. Que hay alta morosidad. Que el régimen tarifario es obsoleto.
Nadie puede cotejar estos datos, porque no se han dado a conocer claramente. Según se expuso en la audiencia, la SAT no ha informado sus balances de 2016 y 2017 y tampoco ha rendido cuentas de los trabajos hechos con cooperativas en el marco de los planes nacionales “Agua y trabajo” y “Cloacas y trabajo”. El defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, tras hacer una exposición crítica afirmando que no estaban dadas las condiciones para un aumento de tarifas, propuso que Tucumán vaya a pedir al Enhosa (ente nacional para obras de saneamiento) ayuda para salir adelante con el problema de infraestructura. Pero Berarducci señaló que es imposible, puesto que la SAT no rindió cuentas de esos planes nacionales.
¿Y cómo es posible que no haya renido cuentas? Ahí estuvieron las críticas al ente de control, que a su vez está en situación irregular porque tiene su mandato vencido. Le enrostraron que se dedicó a defender a las empresas y que ha abandonado a los usuarios.
Los ejemplos dados por los exponentes son dramáticos. El barrio El Bosque lleva 30 años con dramas por el agua. Incluso el vecino Sergio Cuozzo hizo juicio. Cuenta que las cañerías son de 1926. En San Felipe hay una cooperativa encargada del servicio fuera de toda regla. En el interior hay juntas de agua también fuera de regla. Les cobran el agua con la boleta de la luz. La SAT fue denunciada en la Justicia Federal por contaminación por la vecina María Elba Ledesma, que reclamó que tiran efluentes por los canales. Berarducci dijo que la planta de San Felipe procesa sólo el 50% de los líquidos cloacales y que al resto lo arroja a los ríos. Los vecinos reclaman que no los culpen por las conexiones clandestinas siendo que las municipalidades les cobran fortunas por hacer las cosas como corresponde (uno dijo que en el interior caso todas las conexiones son clandestinas). También reclamaron por las injusticias de las tarifas. Se habló de las 104.000 firmas que, por iniciativa del municipio capitalino, piden cambios en el sistema sanitario.
Lo que no se dijo
Hay otras cosas que no se dijeron: cómo llegó este caos a llenar de efluentes la provincia -el funcionario municipal José Luis Avignone usó una palabra en intaliano (stronzi) para describir los efluentes- y ahí aparecen las deficiencias estructurales de un sistema hecho para escaparse a los controles. En Yerba Buena, por ejemplo, las obras se hicieron con la SAT, con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) y con cooperativas de trabajo que dependían de la Municipalidad. El Tribunal de Cuentas afirma que no tiene potestades para revisar esto. Son los administrativos contables de las municipalidades los responsables al respecto y en todas partes los eligen los intendentes. ¿Alguien le podía reclamar al ex intendente Daniel Toledo, por ejemplo, por el legado de calles infectadas por 432 pérdidas en la “ciudad jardín”? Esta tarea fundamental, que debería estar en manos de un opositor, suele ser relegada por lo general. En la memoria queda por ahí el choque de 2009 entre la ex contadora general del municipio capitalino, Patricia Beltrán de Salido, que se fue peleada con el entonces intendente Domingo Amaya. Hoy ningún contador municipal cuestiona las obras a sus jefes comunales. Y cuando la obra está mal hecha... ¿quién la va a arreglar? ¿Alguien va a rehacer lo mal hecho? ¿Y alguien podrá ver lo que hicieron las empresas contratadas por la SAT? En el caso de Yerba Buena, el ingeniero Franklin Adler remarcó que las obras fueron de pésima calidad. “Las cloacas fueron hechas por numerosas cooperativas. El Estado proveía las tuberías y los desempleados (apenas capacitados) las colocaban. La SAT controló poco. Toleró lo intolerable. Y el resultado está a la vista”. Y dijo que eso no se va a arreglar.
El problema serio en este triángulo de las bermudas cloacal es que nada en este sistema, que evidentemente no tiene herramientas para impedir que se hagan mal las cosas, puede ayudar a resolver el drama actual. Falta una política sanitaria del agua. La SAT pide plata, sin garantías. El defensor del Pueblo pide ayuda nacional. Berarducci dice que podrían mejorar el servicio sin aumento de tarifas, si resolvieran la morosidad y la mala gestión. Pero de lo que no se habla es de que nadie prevé otro camino para evitar que sigan haciendo mal las cosas. Ya arruinaron numerosos barrios de la capital, llenándolos de líquidos infestados y dejándolos sin agua, y también a Tafí Viejo. Ahora se está arruinando Yerba Buena, sin remedio.