En nuestra edición del lunes, proporcionamos amplia y detallada información sobre el inquietante panorama que presenta el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Sucede que, entre fines de 2016 y fines de 2017, una treintena de magistrados iniciaron los trámites para jubilarse. Si esto se relaciona con el hecho de que casi el 25 por ciento de los despachos judiciales carece de titulares, la cifra de las acefalías está a punto de crecer a un nivel por demás alarmante.
En la misma edición, un análisis de nuestra columnista define al asunto como “el estado inédito de supresión de los Tribunales por inexistencia de magistrados”, lo que ha transformado a la judicatura “en una especie de autoridad pública en vías de extinción”. Las vacantes no se cubren o se cubren a cuentagotas. En cuanto los jueces de Paz, 17 de los 72 cargos está vacante, cifra a punto de aumentar a causa de nuevas jubilaciones. Pero desde 2013 tales vacancias no se llenan, a pesar de que para hacerlo basta la decisión discrecional del jefe del Poder Ejecutivo avalada por la Corte.
Se trata, como se advierte, de un cuadro innegablemente grave y es inexplicable que haya podido crearse. Resultaría sobreabundante amontonar argumentos sobre la mayúscula importancia que, en la vida de un Estado democrático, tiene el funcionamiento regular de la Justicia. Funcionamiento que, según es obvio, requiere que todos los despachos tengan el juez que les corresponde. No está de más recordar que la falta de funcionamiento normal de su Poder Judicial pone en riesgo la autonomía de la provincia. Esto porque el artículo 5 de la Constitución Nacional establece, como condición para garantizar esa autonomía, que cada provincia asegure su administración de Justicia, su régimen municipal y su educación primaria.
Informamos ayer que, frente a nuestras puntualizaciones, el ministro de Gobierno aseguró que “definiremos en conjunto las ternas que tenemos en marzo, para que los legisladores las traten cuando vuelvan a sesionar”. Por su lado, el ministro fiscal expresó que el mecanismo vigente de cobertura no es lo suficientemente veloz, y postuló que, entretanto, se convoque a cubrir provisoriamente las vacantes a magistrados jubilados; o que se aplique la ley de magistrados subrogantes externos. Hay que apuntar que este último recurso crea dudas sobre la independencia de los designados.
Lo que la opinión pública se pregunta, es dónde reside la causa de la referida demora para llenar las vacantes, práctica por demás singular que ya registra una antigüedad de varios años. Es como si al Ejecutivo no le importase demasiado que aquellas existan y que, de esa manera, la búsqueda de justicia por parte de la comunidad se transforme en más azarosa cada día, gestionada ante despachos sin jueces y atestados por miles de causas,
Nos parece que un estado de cosas como el delineado debe corregirse con la urgencia. Los trámites de evaluación del Consejo de la Magistratura tienen que acelerarse al máximo (incluso practicando modificaciones en su sistema), como también la formación de ternas, su elevación a la Legislatura y el despacho de las mismas. No puede continuar la Provincia de Tucumán con un Poder Judicial vulnerado por la ausencia de magistrados. Esto afecta de modo gravísimo la vida de los ciudadanos y los expone a situaciones que de ningún modo pueden admitirse.