El gobierno de Yerba Buena aumenta la insistencia: ha llevado, ahora, su reclamo por la inseguridad a la esfera del Ministerio de Seguridad de la provincia: ha pedido a su conductor, Claudio Maley, que les refuerce la dotación de hombres y de vehículos. Mientras tanto, la gestión del intendente Mariano Campero refuerza la tarea preventiva y ha dotado a la Guardia Urbana Municipal (GUM) de armamento liviano y chalecos antibalas para prevención del delito en esa jurisdicción.

“La cantidad de efectivos dista enormemente de lo especificado en la doctrina de la Policía de la Provincia”, le escribieron las autoridades municipales en una nota al jefe de Seguridad de la provincia. Consignaron -incluso- que al antecesor en el cargo, Regino Amado, le habían hecho siete solicitudes idénticas, en el transcurso del año pasado.

En las últimas semanas, los yerbabuenenses han sido víctimas de motoarrebatos, hurtos con la utilización de inhibidores de alarmas y robos de bicicletas de alta gama en las sendas que utilizan los ciclistas. Así lo reconocieron y expusieron las autoridades locales en esa misiva. “Se vienen produciendo hechos delictivos de forma reiterada. Además, hemos detectado que ha crecido la comercialización de estupefacientes en las zonas de la plaza Vieja y de los ex predios de Radio Nacional (actual barrio ProCreAr). Lo mismo ocurre en los vecindarios de Horco Molle, Colonia Castillo y San José”, prosiguieron.

A esos condimentos se le añaden atracos concretados por delincuentes que ingresan de localidades vecinas, como El Manantial, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, principalmente. De acuerdo a estimaciones de Mauricio Argiró -el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio y firmante de la presentación- actualmente la Policía despliega algo más de 160 efectivos para la ciudad cabecera, San José y Villa Carmela, divididos en tres turnos. “Se trata de un cálculo personal, porque Amado nunca nos contestó esta pregunta”, aclara.

Una guardia armada

Hace unos días, el intendente radical había hecho hincapié en el rol de los fiscales, pues había declarado a este diario que los malhechores son liberados “en el mismo minuto” en el que los entregan. Para contrarrestar esa situación, había dicho que iba a designar un abogado para que haga un seguimiento de los casos.

Ayer, Campero hizo otros anuncios, como la confirmación de que la Guardia Urbana municipal -estrenada hace un mes- portará armas de baja letalidad, útiles para reducir e inmovilizar a los delincuentes. Se trata de pistolas semiautomáticas, que, a una distancia menor a los 12 metros, pueden resultar riesgosas. Disparan postas de goma que se desplazan a unos 460 pies por segundo. “Eso es mucho”, agrega Argiró.

Los más de 60 integrantes iniciales de ese cuerpo han sido entrenados por profesionales del Grupo Cero de la Policía y de la Universidad Nacional de Tucumán, indicaron.

Además, en unos 10 días planean habilitar una mesa de denuncias. De acuerdo a las aspiraciones del intendente, los vecinos podrán radicar allí sus denuncias y, desde esa repartición, las derivarán a la Policía. Con esto, planean acabar con el problema actual de que las víctimas, cuando llegan a las respectivas comisarías, no encuentran un oficial sumarial que les tome los datos.

“La realidad es que la Policía tiene menos recursos de lo necesita esta ciudad. Pero eso se repite en toda la provincia. Ante ello, estamos intentando colaborar”, dice Campero. Además de esas pistolas y de la mesa de denuncias, la Guardia Urbana contará con chalecos antipunzantes, elementos de comunicación, dos camionetas, ocho motos para desplazamiento urbano y otras dos para recorrer el río Muerto, un drone para vigilar las fincas de limones donde usualmente son atacados los bikers y una casa que servirá como centro de monitoreo.

Los últimos episodios

El jueves por la tarde, un delincuente fue aprehendido luego de atar y de amenazar a dos mujeres y a tres niños en una casa de Los Ceibos al 500, justamente una de las zonas señaladas por las autoridades como preocupante.

Hace dos semanas, cuatro muchachos que se desplazaban por los senderos de Horco Molle fueron detenidos por unos policías. Los uniformados consideraron que incurrían en conductas sospechosas. En esa zona, habían sido atacados varios ciclistas. Pero en tono de queja, Campero reclamó que, 48 horas después, la Justicia ya los había liberado.

A lo largo de enero, vecinos subieron a las redes sociales y enviaron a este diario videos y fotografías de ciudadanos, especialmente mujeres, que eran atacados por arrebatadores en motocicletas.