16 de enero- “Rechace y denuncie gestores, sean internos o externos a esta institución. Todos los trámites son gratuitos”, advirtió el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a través de su página web. Noemí Ferrioli, interventora del IPV, dio a conocer, el 16 de este mes, que “personas inescrupulosas y ajenas al organismo” (falsos gestores) “realizan transacciones comerciales, tanto dentro como fuera del mismo, valiéndose de la necesidad de la población por la obtención de una vivienda social”.
17 de enero.- Claudia, quien prefirió no identificarse con su apellido, se comunicó con LA GACETA para brindar información sobre la presunta entrega de viviendas sociales en Manantial Sur, Lomas de Tafí, Las Talitas y Yerba Buena, por parte de supuestas falsas gestoras. Esta mujer explicó que los interesados eran agregados a un grupo de WhatsApp donde se coordinaba la fecha y el lugar de la adjudicación. El 22 del corriente a las 17 en avenida Colón al 3.700 se entregarían las llaves para las casas de Manantial Sur. Este diario se comunicó con Analía, presunta intermediaria, quien explicó que su trabajo consiste en reunir a los interesados en adquirir una vivienda. “Yo inscribo. La que se encarga de eso (la gestión) es mi jefa. Yo le colaboro a ella. Ella está en el Ministerio de Desarrollo Social. Es asistente social”, dijo. “Ella”, a quien hace referencia es Elizabeth Alzogaray, según relató Analia. Ferrioli negó que Alzogaray trabaje en el IPV y esté autorizada a dicha concesión.
18 de enero.- El IPV tramita una denuncia penal en la fiscalía de feria, a cargo del fiscal de Instrucción Diego López Ávila, para solicitar la apertura de una investigación con el objetivo de determinar la veracidad de una posible organización dedicada a la oferta de viviendas sociales, según lo publicado por LA GACETA. El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin, negó que Elizabeth Alzogaray trabaje en esa cartera, tras revisar la nómina de personal.
22 de enero.- A través de un grupo de WhatsApp llamado “Nuestro Sueño”, las supuestas falsas gestoras postergaron la adjudicación de las viviendas para el miércoles de la misma semana en un salón de Las Talitas. Sin embargo, alrededor de 200 personas se presentaron en Manantial Sur para reclamar la entrega de casas del IPV, en la espera de que las presuntas intermediarias se presentaran en el barrio. Quienes pagaron el “anticipo” recibieron un papel para un sorteo donde figuraba la inscripción de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Dominial (el nombre oficial es Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat). En medio de la tensión, llegó la Policía. Hubo amenazas de usurpación.
23 de enero.- Elizabeth Alzogaray presentó un escrito ante la Fiscalía de Instrucción de la IV° Nominación y se puso a disposición del fiscal de feria Diego López Ávila. El IPV recibe denuncias de las personas afectadas por los supuestos falsos gestores. El titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, Fernando Rogel, advirtió que la documentación que les dieron a los afectados es trucha y aclaró que en 2016, desde la repartición, aclararon que no están vinculados a la entrega de viviendas. Quienes se anotaron para recibir una casa en Lomas de Tafí, continuaron los reclamos en avenida Kirchner al 1.200. En aquel lugar no hubo intentos de usurpación. El gobernador, Juan Manzur, se refirió de las denuncias por presunta estafa. “Que la Justicia meta a preso a quien corresponda. Es gente que ha sufrido una estafa”, aseveró el gobernador. Al mediodía, la secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, recibió a un grupo de presuntos estafados.
24 de enero.- Desde las 8, los presuntos damnificados comenzaron a reunirse en la plaza Independencia en la espera de ser recibidos por algún representante del Ejecutivo provincial. Más tarde, bloquearon las entradas de la Casa de Gobierno y cortaron el tránsito en la zona. Alejandra, una de las supuestas falsas gestoras, fue aprehendida. Los afectados comenzaron a reunir los datos de las personas perjudicadas. A las 11.15 se presentó Sara Alperovich, hija del ex gobernador y actual senador José Alperovich, en la entrada de San Martín al 500 y dialogó con los manifestantes.
25 de enero.- Por orden de la Justicia provincial, la Policía realizó una serie de allanamientos en busca de pruebas contra los supuestos gestores. De los 10 registros llevados a cabo, el más relevante se efectuó en la calle Madrid al 300, en un domicilio que pertenecería a un pariente de Elizabeth Alzogaray. Se buscó documentación que probara la participación de la mujer en el supuesto ilícito.
26 de enero- López Ávila confirma la detención de cuatro de los presuntos miembros de la organización. Según las denuncias, los sospechosos podrían tener “ciertos contactos” en el Estado. Como en las medidas no lograban dar con Alzogaray, alertaron sobre posibles fugas en los países limítrofes.