La actividad militar requiere, como la gran mayoría de las profesiones, una formación específica que normalmente demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo e ingentes recursos.
Así como hay médicos cardiólogos, abogados penalistas o ingenieros mecánicos, también hay especialistas en las diferentes áreas del empleo militar.
A medida que se asciende en la escala jerárquica, suele suceder que la especificidad se diluye y lo que se requiere es más bien una visión abarcativa y general de la profesión. Es por eso que a los Generales se los llama así. Esta visión sólo se adquiere merced a la experiencia de muchos años de carrera, durante los cuales ese “generalista” de hoy, habrá servido en diferentes Unidades.
Entonces, no sólo conocerá profundamente su especialidad sino una buena parte de todas las demás, habrá adquirido destrezas de gestión imprescindibles y estará capacitado para dirigir y administrar diversas ramas del Servicio, sean estas operativas o no.
Este proceso de “dilución de la especificidad” ocurre en las organizaciones militares de todos los países del mundo.
Recientemente y por primera vez en nuestra historia, asumió como Jefe de Estado Mayor General de la Armada un oficial Infante de Marina, vicealmirante José Luis Villán. Como tal, éste no es “experto en buques”, porque su área de pericia profesional reside en el combate y la maniobra anfibia. No obstante, lo que hoy se requerirá de él no es esa competencia específica sino una fuerte capacidad de liderazgo y una cabal visión institucional que le permita fijar metas realistas y prioridades sensatas. Sin dudas, cuatro décadas como marino le habrán brindado esas herramientas.
Acelerada por la tragedia del Submarino San Juan, se ha puesto en marcha una nueva reforma de las Fuerzas Armadas. Se apuntará, entre otras medidas, a profundizar la incorporación de personal civil en puestos estratégicos que no constituyan funciones de comando, designando profesionales en áreas no operativas, como las direcciones generales de Personal y Educación.
Pareciera que los criterios de formación mencionados en los párrafos anteriores no podrían ser alcanzados por un funcionario civil “injertado” en una función directiva dentro de una estructura militar. Sin embargo, esta afirmación puede resultar errónea. Tal vez, un experto civil en administración de Recursos Humanos, o en Pedagogía podría extrapolar sus conocimientos para orientar a los confundidos militares por mejores caminos, dicho esto sin ironía.
Pero para ello, será necesario que esos eventuales puestos directivos sean concursados y asignados a profesionales idóneos de toda idoneidad o mejor aún, que estos civiles desarrollen dentro de las Fuerzas, una carrera vinculada con su área de conocimiento y lleguen por mérito propio a puestos directivos.
No debería consentirse la aparición de una nueva bolsa de trabajo para la política, y que tal como sucede habitualmente, “la militancia” sea un valor más ponderado que el auténtico conocimiento.