La interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Noemí Ferrioli, se reincorporó de su licencia anual ayer y se topó con el escándalo de los presuntos gestores truchos de los barrios Manantial Sur y Lomas de Tafí. Si bien la funcionara no ahondó en detalles, admitió que desde temprano había estado comunicándose con las fuerzas de seguridad para tratar de prevenir cualquier incidente.
La repartición ya había avisado la semana pasada, a través de un comunicado, que los trámites para la adjudicación de viviendas sociales son gratuitos y deben ser concretados en la sede del Ipvdu. Además, se advirtió que había personas “inescrupulosas” que se hacían pasar por gestores, e incluso se hizo una denuncia penal por ello.
El secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, expresó a este diario que la función del gobierno federal es financiar los programas sociales. “Considero que (quienes reclaman) tienen que ir a la Justicia. Nosotros no tenemos poder de policía en estos casos. Cuando hay irregularidades o estafas, sugiero que vayan a la Policía o a la fiscalía de turno”, indicó el funcionario de Cambiemos.
Ayer, LA GACETA concurrió a la zona de avenida Colón al 3.700 por la supuesta entrega de propiedades. Allí llegó también el comisario Julio Lobo, quien dialogó con las personas que estaban protestando. “Estas casas no tienen cloacas”, les dijo el uniformado. Luego, les indicó que los papeles que les habían entregado “no eran del IPV”. Los instó también a hacer la denuncia, con el fin de evitar usurpaciones.