El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) ya había advertido sobre la existencia de falsos gestores, a los que calificó como “personas inescrupulosas”. Pero la noticia de una posible organización dedicada a la oferta de unidades sociales, incluso a través de grupos de WhatsApp, generó la reacción formal de la interventora de la repartición, Noemí Ferrioli.

Fuentes del Ipvdu confirmaron que, a raíz de la publicación de ayer de LA GACETA, se le encomendó una abogada la tramitación de una denuncia penal en la fiscalía de feria, a cargo del fiscal de Instrucción Diego López Ávila, para solicitar la apertura de una investigación, con el objetivo de determinar la veracidad de la presunta maniobra y quiénes serían los eventuales responsables.

El miércoles, una lectora que se identificó como Claudia -no quiso dar su apellido por temor a posibles represalias- se comunicó con este diario para contar que su hija había tomado contacto con una mujer llamada Analía, quien sería supuesta intermediaria de una dirigente política que le prometería el acceso a una vivienda social del Ipvdu. “En el grupo (de WhatsApp) hay 260 familias. Ya debe haber más, porque han seguido agregando. Para Manantial Sur entregan las casas el 22 (de enero)”, precisó Claudia. Según relató, para la adjudicación de las propiedades, las supuestas gestoras solicitan el DNI del interesado y una fotocopia.

Este diario se comunicó vía telefónica con Analía, quien aseguró que su trabajo consiste en reunir a los posibles compradores. “Yo inscribo. La que se encarga de eso (la gestión) es mi jefa. Yo le colaboro a ella. Ella está en el Ministerio de Desarrollo Social. Es asistente social”, afirmó la mujer, que luego dejó de atender los llamados de LA GACETA. Aunque no aportó detalles de la operatoria, Analía sí identificó a su supuesta jefa, al señalar que el trámite “depende de Elizabeth Alsogaray”. E insistió: “yo solamente le colaboro inscribiendo”.

El Instituto de la Vivienda negó vínculos con estas personas, y remarcó que no están permitidos los intermediarios para el proceso de postulación y adjudicación de propiedades. Ferrioli, de todas maneras, aclaró que había escuchado el nombre de Elizabeth Alsogaray “muchísimas veces”. “Dicen que trabaja en algún ministerio. Así lo afirman, pero nadie quiere hacer la denuncia. Nos atan de manos”, afirmó la interventora del Ipvdu el miércoles. Ayer, la funcionaria transmitió la directiva para que se formalice la presentación judicial ante la fiscalía penal de feria.

Fuentes de los Tribunales le confirmaron a este diario que la denuncia ya pasó por mesa de entradas. Si bien con este paso se abre un expediente judicial, las oficinas judiciales que funcionan durante el receso suelen darle prioridad a la atención de delitos contra las personas y a los casos que requieren medidas urgentes.

Cuando pase la feria, de hecho, esta denuncia podría acumularse a las causas que tramita la fiscala de Instrucción de la VIII Nominación, Adriana Giannoni.

A partir de mediados de 2017, a raíz de una serie de informes de “Panorama Tucumano”, el ciclo de LA GACETA TV, Giannoni comenzó a analizar de oficio una serie de irregularidades, como supuestos vínculos entre funcionarios del Ipvdu y empresarios de la construcción; presuntos casos de enriquecimiento ilícito; e incluso nombres aportados por la senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) de personas sindicadas como gestoras para el reparto de viviendas. Aún no hay imputados en estas causas. Pero, en lo administrativo, hubo funcionarios sancionados, como Lucas Barrionuevo, e incluso separados por el PE, como Miguel Jiménez Augier.

“Me parece muy bien”

El Gobierno nacional también está atento a lo que sucede con el caso del “IPV”. El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, advirtió que si bien se debe respetar la autonomía de los organismos provinciales, es positivo que se denuncie las posibles anomalías en la adjudicación de barrios sociales. “Me parece muy bien que haya investigaciones. No debe haber gestores. El Ipvdu tiene toda la responsabilidad de controlar”, manifestó el funcionario nacional.

A la vez, Amaya manifestó su apoyo a la postura de Ferrioli de avanzar contra quienes se ofrecen como nexos para obtener viviendas. “Me parece bien lo que dijo la interventora, hay que desenmascarar a estos delincuentes, porque eso son: estafadores. Las viviendas sociales no tienen costo, sólo se paga la cuota”, explicó el funcionario. Eso sí: insistió con que el margen de acción desde su repartición es acotado. “Desde la Nación lo que se puede hacer es, una vez que esté formulada la denuncia, comunicarnos con el Instituto de la Vivienda correspondiente. Se notifica o se inspecciona, pero es un país federal, no se puede avasallar las autonomías”, destacó Amaya.

Negada por un ministerio

Desarrollo social asegura que la supuesta intermediaria no trabaja en esa repartición

La versión de Analía, quien señaló a Elizabeth Alsogaray como su “jefa” en la supuesta organización que gestiona casas del Ipvdu, generó reacciones en el Ejecutivo. Según sus dichos, Alsogaray se desempeña en “el Ministerio de Desarrollo Social”. La cartera, a cargo del ministro Gabriel Yedlin, informó que, tras revisar la nómina de personal, se determinó que esa mujer “no trabaja” allí. Además, advirtió que “todos los trámites” en esa área se hacen “de forma personal, directa y gratuita”, e instó a denunciar “cualquier tipo de irregularidad”.

Antecedentes del caso “Viviendas”

1. En julio, “Panorama Tucumano” dio a conocer presuntas anomalías en el Ipvdu. La Justicia provincial abrió un expediente.

2. Luego se abrió un tramite administrativo contra el coordinador del IPV, Lucas Barrionuevo, por su parentesco con dueños de una firma.

3. El fallecido ex titular de la repartición, Gustavo Durán, reconoció que la empresa de su cuñado, Raúl Eduardo Beverina, trabajaba para el Ipvdu.

4. La senadora Silvia Elías de Pérez acusó al ex funcionario Miguel Jiménez Augier de estar vinculado a la adjudicación de casas.

5. Jiménez Augier fue separado del cargo por el gobernador Manzur, a raíz de que se hallaron US$ 500.000 en una caja a su nombre.

6. La Justicia federal también investiga el “caso Viviendas” a través del fiscal Pablo Camuña, por el manejo de fondos nacionales.