Organismos internacionales y derechos humanos reforzaron sus críticas al Gobierno nacional, al cumplirse dos años de la detención de Milagro Sala.

“Hoy, a dos años de su primera detención, la privación de la libertad de Milagro Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada y de la prohibición de ser investigado por comisiones ad hoc”, señalaron Amnistía Internacional (AI), el CELS y la agrupación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) en una declaración conjunta.

AI, el CELS y Andhes lograron desde 2016 pronunciamientos favorables a líder de la Tupac Amaru por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y de los dos organismos que forman el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la CIDH y la Corte IDH.

El documento divulgado recapituló esos pronunciamientos y otras acciones realizadas desde que Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 “por haber participado de un ‘acampe’ frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy”.

En octubre de 2016, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU afirmó que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, un despliegue de causas judiciales y un contexto de “vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida”.

En ese marco, recordó las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio de 2017, y de la Corte IDH, el 27 de noviembre pasado, que ordenó al Estado argentino adoptar de modo urgente las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Sala.

“El organismo internacional señaló además que, en caso de que aún se prolongue la prisión preventiva de Sala, el Estado debe implementar el arresto domiciliario en su casa o cualquier otra medida ‘aún menos restrictiva de sus derechos, tales como una tobillera o la retención de su pasaporte’”. En diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Poder Judicial de Jujuy debía cumplir la resolución de la Corte IDH y disponer el arresto domiciliario de Sala u otra medida menos restrictiva de sus derechos.

La declaración recordó que a raíz de lo resuelto por esos organismos nacionales e internacionales, “el 15 de diciembre de 2017 Sala fue nuevamente trasladada a la casa del dique La Ciénaga, en Jujuy, donde cumple un arresto domiciliario cuyas características se asimilan a las condiciones de detención en la prisión de Alto Comedero y por lo tanto no cumplen lo establecido por la medida provisional de la Corte IDH”. “Actualmente la dirigente social sigue detenida preventivamente y esto viola las garantías del debido proceso y su presunción de inocencia”, subrayó el documento de AI, el CELS y Andhes.

El 4 de enero, la Sala Penal del Superior Tribunal de Feria (de Jujuy) resolvió la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva por un año más, cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de dos años dispuesto por ley para este tipo de medidas privativas de la libertad.

Ayer, además de organismos internacionales, referentes políticos opositores se refirieron a la situación de la dirigente kirchnerista. Incluso Sala, desde su casa en Alto Comedero, apuntó contra el macrismo y el Gobierno local de Gerardo Morales y habló de “persecución política”.