Durante la segunda mitad de enero, la causa en la que se investigan las circunstancias en la que la joven médica Natalia Vargas, de 28 años, se precipitó al vacío, cuando cayó desde más de 100 metros de altura, cambiará de fiscal, nuevamente.
La Justicia provincial investiga si la tragedia se produjo por fallas en la seguridad del parapente en el que Natalia viajaba como pasajera en un vuelo biplaza, y que era pilotado por Ariel Salazar.
La primera fiscala que entendió en la causa, fue Mariana Rivadeneira, quien pidió las primeras medidas de la instrucción. Dos días después, comenzó la feria judicial de verano. En los primero días de enero, se determinó que el caso fuera tratado como asunto de feria, y pasó a la Carmen Reuter. Ahora, con el cambio de turno, quedará en manos del fiscal Diego López Ávila.
El tercer fiscal de la causa deberá avanzar en la cadena de responsabilidades en torno al fatal mortal hecho.
La investigación
Rivadeneira, había solicitado el secuestro del equipo de parapente, y que sea examinado por expertos para intentar determinar si hubo algún tipo de omisión del piloto al controlar si Natalia estaba correctamente asegurada antes del despegue, en la pista de Loma Bola, Tafí del Valle. En esa etapa de la instrucción la causa fue calificada como “homicidio culposo”.
Rivadeneira también solicitó que se activara un operativo de búsqueda para hallar la cámara de video que llevaba adosado el equipo de vuelo, en la zona de la caída. Pero la Go-Pro no fue encontrada por los uniformados.
Los avances
Ya en enero, con Reuter al frente de la investigación, comenzaron a declarar los primeros testigos, entre ellos amigos de la joven oriunda de Concepción, que residía desde hacía tres años en Alemania, donde realizaba una especialización. Natalia había regresado a la provincia una semana antes, para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones, con su familia.
Sus amigos pusieron a disposición de la Justicia un video en el que se advierte que Natalia no tenía colocadas las perneras al momento del despegue. Hasta ese momento, Salazar había manifestado públicamente que la muchacha había caído después de sufrir un ataque de pánico. Esos dichos motivaron que Juan José Vargas, el padre de Natalia, se entrevistara con la fiscala.
En los días que siguieron, Reuter solicitó un allanamiento al domicilio que Salazar había dejado consignado como propio. Allí se incautó una computadora, celulares, una cámara y dos pendrive, que están siendo analizados por los expertos en Delitos Telemáticos.
Imputados
El jueves pasado, Salazar declaró durante seis horas ante la fiscala Reuter. No se dispusieron medidas privativas de la libertad en su contra, al finalizar ese paso procesal durante el cual el piloto.
Aunque no trascendieron detalles de la indagatoria, sí se puso establecer que no será el único imputado en la causa y que la funcionaria judicial intenta establecer la cadena de responsabilidades en torno al trágico suceso.
El día anterior había declarado Pablo Jaraba, presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL), quien confirmó que Salazar no era instructor ni estaba habilitado para vuelos comerciales. Según trascendió, dentro de la fiscalía, sus conceptos fueron muy duros sobre la responsabilidad de Salazar en la muerte de Natalia.
Marchas
Durante la primera marcha a la Plaza Independencia, con la consigna de “Justicia para Naty”, allegados a la joven plantearon dudas sobre algunos puntos del caso.
“La cámara existe, se la ve claramente en el video. Natalia no la sostenía, iba agarrada al equipo de vuelo. Hubo al menos una hora en la que cualquiera pudo haber bajado, después de la caída, cuando nosotros estábamos en la comisaría, por eso dudamos sobre qué sucedió con cámara, no puede haber desaparecido”, aseguró esa noche a LA GACETA, Leandro Amar, otro de los jóvenes que estuvo en San Javier la tarde de la tragedia.