El Poder Ejecutivo Nacional formalizó ayer el plan para reducir la burocracia en el Estado y permitir nuevas prácticas que apunten a reducir los costos y ganar competitividad, a través de la publicación del Decreto 27/18 en el Boletín Oficial.
La iniciativa, cuyos lineamientos principales fueron adelantados el miércoles por los ministros del Gabinete nacional, agrupa un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. También comprende al Banco Central y a la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dos organismos descentralizados.
“Las autoridades de las distintas áreas revisaron durante meses las normas vigentes y encontraron casos de regulaciones antiguas que habían perdido su razón de ser; normas que, por un exceso de celo o control, obstaculizaban y frenaban procesos internos o la competitividad de la economía; y procesos de aprobación o autorización excesivamente complejos”, detalló el Gobierno en un comunicado.
Y agregó: “el resultado de ese trabajo es el decreto que se publica hoy, cuya urgencia se explica por la necesidad de remover estas trabas lo antes posible, porque afectan la capacidad del Estado Nacional de hacer bien su trabajo”. Asimismo, señaló que el objetivo es avanzar hacia un funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, destinado a incentivar la inversión, el empleo y la inclusión social.
Algunas de la normas eliminadas fueron creadas hace décadas y varias de ellas habían sido aprobadas por gobiernos de facto. Un ejemplo que cumple con ambas condiciones es el Registro Industrial de la Nación (RIN), creado en 1972, que exigía la inscripción de todas las industrias sin ningún beneficio claro a cambio. “El RIN deja de existir tras la publicación del decreto”, aseguró.
Otros cambios son la simplificación del proceso para importar y exportar obras de arte, algo que pedían desde hace años artistas, coleccionistas, galeristas y museos. También se permite al FGS, el fondo que custodia los ahorros del sistema previsional, aprovechar herramientas financieras contemporáneas, como la creación de fideicomisos, para potenciar y extender los créditos Argenta. El OCCOVI, que supervisaba la red de concesiones viales, se fusiona dentro de la Dirección Nacional de Vialidad, para generar una estructura más adecuada a los nuevos proyectos de participación público-privada. Y se derogan normas de sanidad agroalimentaria que venían del siglo XIX y se simplifican y aceleran los procesos para obtener marcas y patentes, entre otras muchas medidas.