BUENOS AIRES.- El Ministerio de Seguridad dispuso el ascenso de personal de Gendarmería Nacional, entre ellos el del subalférez Emmanuel Echazú, único imputado en el caso Santiago Maldonado.

La medida fue dispuesta mediante la resolución 1473/2017, que se publicó ayer en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la cartera, Patricia Bullrich. Al fundamentar los ascensos, la disposición indica que “personal superior de la citada fuerza de seguridad, que se encuentra en condiciones de ascenso al 31 de diciembre de 2017, fue considerado por el respectivo organismo de calificación, no existiendo impedimentos para su promoción al grado inmediato superior”.

En tanto, en un segundo párrafo, remarca: “habiéndose evaluado los resultados obtenidos por la Junta de Calificación respectiva, no existen impedimentos para el ascenso al grado inmediato superior del mismo, a la fecha que para cada caso se especifica”.

En el anexo -que ordena promover “al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2017, al personal superior de Gendarmería Nacional”- se incluye el nombre de Echazú, del Escuadrón 36 de El Bolsón y único imputado en el caso.

El joven artesano había sido visto por última vez el 1 de agosto de 2017 durante un operativo realizado por Gendarmería dentro de la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut, luego de haber despejado un corte de ruta realizado por miembros de ese Pu Lof.

Echazú es el gendarme que declaró haber recibido un piedrazo durante el operativo en la comunidad y que quedó técnicamente imputado cuando se presentó espontáneamente, por considerarse sospechado, en el expediente por el caso.

El cuerpo del joven fue encontrado 78 días después de ese procedimiento, el 17 de octubre, en aguas del Río Chubut. Si bien las pericias concluyeron que Maldonado murió ahogado, la Justicia no pudo establecer aún las circunstancias en las que se produjo el deceso. En tanto, la fiscal que interviene en el caso, Silvina Ávila, había solicitado el cambio de carátula de la causa de “desaparición forzada” a “muerte dudosa” pero el planteo fue rechazado en los últimos días de diciembre pasado por el juez federal Gustavo Lleral.

La disposición oficial generó el repudio de la familia del joven muerto, que calificó a la decisión de “impropia y desaconsejable” adoptada cuando aún está en curso una investigación de “un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”. A través de un comunicado difundido bajo el título “Impunidad en ascenso”, la familia reclamó que el Ejecutivo revoque esa decisión. “Esta decisión nos parece como mínimo prematura porque se encuentra en curso una investigación sobre la responsabilidad de ese y otros agentes en un caso gravísimo como el de la desaparición y muerte de Santiago”, reforzó.

Allí, planteó que “el ascenso de un agente en esas condiciones resulta impropio y desaconsejable, ya que podría suponer cierto aval a practicas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas”.

“Creemos que la resolución debe ser revocada en cuanto a los gendarmes bajo investigación y así lo exigimos”, sostuvo la familia. (Télam)