La desaparición de Santiago Maldonado tras un operativo realizado por Gendarmería el pasado 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen, en Chubut, motivó una amplia movilización social en reclamo del esclarecimiento de un caso que repercutió en el desarrollo de la campaña electoral, y visibilizó el conflicto mapuche en el sur del país.

Luego de 78 días, el cuerpo sin vida del joven artesano fue hallado en las gélidas aguas del río Chubut, y si bien esto pareció darle algún sustento a la hipótesis de una muerte accidental por ahogamiento, lo concreto es que la investigación del juez federal Gustavo Lleral aún continúa abierta en pos de establecer las circunstancias que rodearon a ese deceso. El magistrado, incluso, mantiene la carátula de la causa como desaparición forzada.Santiago Maldonado, de 28 años y oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo, había llegado el 31 de julio de este año al departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, con el propósito de solidarizarse con la comunidad que mantenía un corte sobre la ruta nacional 40.

Los mapuches de esa zona mantienen un diferendo por la posesión de las tierras que habitan con la empresa multinacional Benetton, y el corte era en reclamo de la liberación de Facundo Jones Huala, detenido a la espera de ser extraditado a Chile, donde se lo requiere por posesión ilegal de armas.

El magistrado federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó un despeje de la ruta por efectivos de Gendarmería, quienes terminaron por ingresar al predio mapuche.Ese primer día de agosto, en horas del mediodía, los gendarmes llegaron a un punto situado a unos 300 metros de la entrada al predio y forzaron a los integrantes de la comunidad a escapar en busca de cruzar el río Chubut.

Según declaró ante la Justicia el testigo Matías Santana, Maldonado resultó apresado por los uniformados, algo que la fuerza negó en una versión de los hechos respaldada por el Ministerio de Seguridad en la voz de su titular, Patricia Bullrich.Al día siguiente, el defensor oficial de Esquel, Jorge Fernando Quintana, solicitó, tras recabar testimonios en el Pu Lof, un pedido de averiguación de paradero y un habeas corpus en favor de Santiago Maldonado.

La familia del joven se presentó como querellante en el juzgado de Otranto y se abrió otro expediente por “desaparición forzada”, que quedó a cargo de la fiscal Silvina Ávila.El papel que jugó en la causa el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti --presente en la zona el día en el que se llevó a cabo el operativo de Gendarmería- fue denunciado por parte de reconocidas entidades de derechos humanos que acompañaron la querella de la familia Maldonado.

El 11 de agosto, los organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y los partidos políticos de todo el arco opositor se sumaron a una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo que exigió la “aparición con vida de Santiago Maldonado”, a dos días de la realización de las elecciones primarias del 13 de agosto.Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago, se convirtió en la voz cantante del reclamo de la familia y en el principal orador en cada uno de los actos realizados con el propósito de pedirle al Estado que diera cuenta sobre el paradero del artesano.

El 17 de octubre, cinco días antes de que los argentinos concurran a las elecciones generales, efectivos de la Prefectura dieron con un cuerpo en el río Chubut. Los datos establecieron que ese cuerpo, el de Maldonado, “no presentaba lesiones”, y el 24 de noviembre se consignó que la causa de la muerte había sido “ahogamiento por sumersión coadyuvado por hipotermia”, sobre la base de un informe que contó con el aval de todos los peritos que participaron de la autopsia, quienes acordaron que el cadáver “no presentaba signos de sujeción y podía haber permanecido entre 55 y 73 días en el agua”. (Télam)