Legisladores de distintos partidos llevan al menos una década de infructuosas gestiones para conocer los informes anuales denominados Cuenta de Inversión (CI), donde figura el detalle de los gastos e ingresos del erario provincial.

Si bien la omisión al tratamiento de esa documentación está prevista en la Constitución provincial, en la actual conformación parlamentaria llevan presentados seis proyectos, cuatro pedidos de información por vías internas e incluso una acción judicial, todo con idéntico objetivo: controlar la ejecución presupuestaria de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de todos los entes autárquicos (como la Caja Popular de Ahorros, el IPLA y el Subsidio de Salud).

¿Cuál es la situación de todos esos planteos al día de hoy? El presidente de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Ruiz Olivares (PJ-Tucumán Crece) indicó que la Cuenta de Inversión de 2016, la última elevada por el Poder Ejecutivo -ya tiene el visto bueno global del Tribunal de Cuentas- está “bajo resguardo de la Legislatura”. “El plazo fijado por la Constitución provincial y las normas vigentes es hasta el 31 de diciembre. Hasta entonces, se puede crear la comisión especial y específica para el tratamiento (de la CI 2016)”, explicó. El también “vice” 1° de la Cámara aclaró que todos los planteos de la oposición están siendo analizados en Hacienda.

De todas formas, si hasta el 31 de junio de 2018 no se revisa el informe de gastos e ingresos correspondiente al año pasado, quedará aprobado de manera tácita, como establece la Carta Magna. Esto viene sucediendo desde hace más de una década en la provincia.

Instancias básicas

El sistema de control de gastos de fondos públicos está predeterminado por la Constitución provincial -reformada en 2006- y por diversas normas, como la ley de Administración Financiera. Si bien el circuito es complejo, se lo puede resumir en algunas instancias básicas. Comienza con la sanción de la Ley de Presupuesto de la Provincia, que corresponde a la Legislatura. Una vez que se vence el ejercicio, el Poder Ejecutivo remite el informe de gastos e ingresos (o sea, la Cuenta de Inversión) al Tribunal de Cuentas. El ente de contralor efectúa una evaluación y expresa sus consideraciones respecto de la extensa documentación financiera. Por último, ese compendio vuelve al punto inicial, la Legislatura, que tiene dos posibilidades: crear la comisión especial de estudio de la Cuenta de Inversión o dejar pasar dos períodos de sesiones ordinarias para que ese estudio contable quede convalidado por el solo paso del tiempo.

La última vez que el Poder Legislativo aprobó la conformación de esa comisión especial fue en 2007.

A instancias de dos proyectos de resolución -uno del actual defensor del Pueblo, el peronista Fernando Said Juri Debo; el otro del ex legislador Alejandro Carlos Sangenis, del MP3-, el cuerpo colegiado quedó en condiciones que comenzar a analizar los enormes biblioratos relativos al período 2005, producidos en el segundo año de gestión del ex gobernador José Alperovich. Sin embargo, la resolución jamás fue aplicada, y terminó en el archivo.

En las posteriores conformaciones parlamentarias también se elevaron proyectos sobre la Cuenta de Inversión. Otra vez, ninguno llegó a buen puerto en la Legislatura.

Los actuales representantes del pueblo también insisten con la cuestión. Por ejemplo, en 2016, casi toda la oposición se abroqueló por una iniciativa que proponía crear la comisión especial de estudio de la CI de 2015. Pusieron la firma los radicales José Canealda, Adela Terraf, Eudoro Aráoz, Ariel García, Rubén Chebaia y Luis González, los peronistas disidentes Silvio Bellomío, Christian Rodríguez y Alfredo Toscano; el republicano Claudio Viña; los macristas Alberto Colombres Garmendia y Luis Brodersen; y la justicialista Stella Maris Córdoba. Según el registro on line de la Legislatura, el texto todavía está “en estudio de comisión”.

Este año, la oposición volvió a solicitar el acceso a la Cuenta de Inversión, en este caso de 2016. Además, Viña y Canelada impulsaron reformas -mediante otro proyecto- al sistema de control actual, con la finalidad de buscar el debate obligatorio de la CI. “Consideramos de vital importancia el efectivo análisis y tratamiento del informe contable de la Provincia. Bajo ninguna circunstancia este puede ser aprobado tácitamente”, indicaron los opositores. Y advirtieron que es clave “asegurar a los tucumanos que (el dinero público) sea dirigido fehacientemente al destino previsto en el presupuesto aprobado con anterioridad”.