Las querellas cerraron ayer los alegatos en el juicio contra el clan Ale. En ese marco, el fiscal federal Pablo Camuña, -quien contó con la colaboración de Agustín Chit, fiscal ad hoc, y de Gabriel Pérez Barberá, que está al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)- solicitó penas y multas menores a las que habían pedido la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
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“El narcotráfico es el delito que más ganancias les dio a lo largo de su historia”, señaló Camuña. En este punto, recordó que el testigo JTP habló del traslado de drogas a través de los vehículos de la remisería Cinco Estrellas y entre la barra brava de San Martín. Y la testigo F08 señaló que la cocaína era guardada en los video póquer.
Camuña centró sus alegatos en lo que calificó “planes delictivos” de la organización y resaltó algunos de sus aspectos fundamentales. Fue una exposición resumida y sirvió de cierre de esa etapa para las querellas. El fiscal de Cámara argumentó que había adoptado ese criterio porque los colegas que lo precedieron, Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, de la UIF, y las letradas que representaron a la AFIP, María Lucía Trabadelo y Mónica Molina, ya habían ahondado detalladamente en cada uno de los puntos por los que acusan al clan Ale.
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“En el debate se probó la existencia y funcionamiento de una vasta y compleja organización criminal, histórica en la provincia, que se caracterizó por la violencia para llevar adelante una multiplicidad de planes delictivos, con grandes ganancias, lo que obligó a montar una estructura para blanquear ese dinero”, expresó.
Camuña explicó que es tal la cantidad de pruebas acumuladas, que esos documentos fueron trasladados para el juicio en dos camiones. “Hubo 56 allanamientos, 25 cuerpos de investigación de la PSA, 1.500 CD con escuchas telefónicas y 20 megabytes de información recuperada de diferentes artefactos electrónicos. Es una cantidad que asombra en su volumen”, consideró.
Las transgresiones
El fiscal hizo hincapié en la trata de personas y valoró particularmente el testimonio de la testigo protegida, que estuvo presa de esas redes desde los 16 años hasta los 31 años.
La mujer afirmó que Ángel “El Mono” Ale la entregó por dinero a explotadores sexuales. También, para esa finalidad, el fiscal consideró fundamental el uso de los vehículos de la remisería para el traslado.
Sobre las mesas de dinero, graficó que la metodología era dar préstamos a personas agobiadas por las deudas y que luego no podrían pagarlas, siendo después amenazados para entregar vehículos o alguna propiedad a cambio de que terminaran las coacciones. Esos montos podían haber sido desde los $ 20.000 hasta más de medio millón de pesos.
LOS HERMANOS ALE. "La Chancha" y "El Mono".
“Los préstamos eran otorgados a personas con necesidades apremiantes y de eso se valieron montando un sistema económico en el que ‘la marca Ale’ era la garantía para cobrar con sus metodologías. Los cobros se hacían mediante la violencia, que forma parte de la identidad de los Ale y sus negocios”, señaló.
Arsenal
Respecto al arsenal encontrado, dijo: “No vi nunca algo así. Había armas nueve milímetros, 38 y 45 (se ve que eran las favoritas), pero también 40 armas largas. Una, incluso, tenía la inscripción ‘Ejército Argentino’. Estaban cargadas y listas para disparar. En total, se incautaron 5.500 proyectiles. No hay manera de entender esas armas si no es para el ejercicio permanente de la violencia”, agregó.
“También usaron la violencia y las armas para usurpar terrenos en el interior, para manejar sus empresas, para presionar a actores judiciales y hasta en el ámbito del fútbol”, expresó.
Para explicar el delito de evasión fiscal, se refirió a lo que calificó “defraudación al club San Martín”. “Hay elementos centrales, como la licitación de la cantina y la boutique, la venta de colectivos, los pases de jugadores. La Gerenciadora del NOA era utilizada como una quinta columna de la organización”, calificó.
Finalmente, mencionó a las “vinculaciones con el poder judicial”. “El testigo protegido dijo que contaban con operadores que los contactaban con diferentes fiscales para acomodar causas. Una víctima tenía muchos escollos que superar, en particular el miedo a enfrentarlos”, dijo. “Debería haber una respuesta judicial que captara todas estas actividades en su volumen y situación de impunidad, todos son delitos comprobados”, cerró.