La fiscala Adriana Reinoso Cuello se encuentra próxima a pedir la elevación a juicio de la causa por presunta estafa en la compra de viviendas en la que está imputado el empresario Otto Barenbreuker, dueño de la constructora Barenbreuker & Asociados.


Hace cinco meses, “Panorama Tucumano”, el programa de TV de LA GACETA, había emitido un informe sobre presuntas irregularidades en la compra de departamentos mediante la inversión en pozo. Este es un mecanismo en el cual se paga una unidad que todavía no está construida. Dependiendo de la empresa, se puede abonar la totalidad del departamento o un porcentaje inicial y financiarlo en cuotas mientras se lo construye.

Hace un año, el empresario fue denunciado civilmente por incumplimiento de entrega de las unidades (la causa está en período probatorio). Luego los compradores notaron que a pesar de que la mayoría había pagado los departamentos, los edificios no se terminaban o no se empezaban a construir, dependiendo del caso. Por eso decidieron denunciar penalmente a Barenbreuker. “Ya no había un incumplimiento contractual sino una defraudación”, explicó el abogado Marcos Rougés, quien patrocina a algunos de los 26 denunciantes. Como eran varios, se unificaron todas las causas en un único expediente, a cargo de Reinoso Cuello, titular de la Fiscalía de Instrucción de VI Nominación.

Cómo viven los vecinos en los edificios sin final de obra

Se estima que son más de 200 los damnificados, y algunos están más perjudicados que otros. “Hay gente que, por ejemplo, directamente entregó sus terrenos a Barenbreuker a cambio de la planta baja del edificio terminado. (Luego) derrumbaron el edificio, no hicieron nada y se quedaron sin su casa y sin su departamento”, comentó Rougés.

En la actualidad son siete proyectos los que se encuentran con irregularidades, confirmó el letrado. Cuatro de ellos tienen obras que nunca arrancaron, a pesar de que la mayoría de quienes invirtieron en pozo pagaron la totalidad de sus unidades. Dos cuentan con obras paralizadas y uno es un edificio que está habitado a pesar de no estar finalizado. Es por esto que no cuenta con el Certificado Final de Obra (CFO), un permiso que firma Catastro municipal para que se instalen los servicios básicos como luz, gas, teléfono o internet.

“Van saltando nuevas situaciones a medida que uno empieza a investigar. Toda la instalación de gas del edificio habitado sin el CFO está hecha sobre la base de falsificación de número de padrones. También se ha vendido un octavo piso, cuando en el plano aprobado por Catastro figuran siete pisos”, dijo Rougés.

Por su parte, Barenbreuker demandó por calumnias e injurias a María Marta Lastra Lobo, una de las compradoras que lo denunció. Sin embargo, la Cámara desistió la querella con voto unánime, según informó Rougés, abogado de Lastra Lobo.

Cuando “Panorama Tucumano” entrevistó a Barenbreuker hace cinco meses, había negado haber estafado a los compradores. Y había dicho que el dinero de quienes han pagado el 100% de sus unidades en pozo pero aún no viven en ellas se había gastado en comprar los lotes, armar los proyectos, sacar los permisos y hacer las demoliciones.

También había comentado que lo que falta para terminar los edificios es que más gente compre unidades para que pueda continuar y finalizar las construcciones. “Si no hay cumplimiento de los compradores, no hay otro método para financiar”, se justificó. LA GACETA intentó comunicarse con su abogado, Alejandro Biagosch, pero no obtuvo respuesta.