Silvia Peyracchia, abogada a cargo de la defensa del ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, afirmó que aún no fue notificada sobre los planteos del fiscal federal general, Gustavo Gómez, que involucran desde pedidos de detenciones hasta requerimientos para investigar el posible lavado de activos a través de empresas off shore.
De todas formas, la letrada considera que el representante del Ministerio Público se excedió en su competencia y desconoció una resolución vigente desde 2016 que exime de prisión a su cliente. Ante estas circunstancias, anticipó que está preparando un pedido para apartar al magistrado del caso “YMAD”.
“Se trata de una cuestión puramente mediática del fiscal federal general. Esto va a autorizar, y estamos trabajando en ello, el pedido de recusación con causa (en su contra) por el quiebre de la objetividad y del deber jurídico que tiene el Ministerio Público de obrar resguardando las garantías constitucionales y el principio de razonablidad”, señaló Peyracchia.
La letrada insistió con que sólo conocía las medidas requeridas por Gómez “por extractos periodísticos”. Por ello, afirmó, no tiene datos sobre la hipótesis que vincula la causa “YMAD” con el presunto lavado de activos a través de empresas off shore, todo esto en el marco de los “Paradise Papers”.
“Es una novedad que introduce el fiscal (general); no sé qué relación puede encontrar con todo esto. No hay absolutamente ninguna vinculación en la referencia del caso que hace con la causa que se investiga, ni vinculado a los hechos, ni al derecho”, señaló Peyracchia.
Atacó además el pedido de detención que efectuó el magistrado. “Esta es su primera intervención (en el expediente); no es el fiscal de la causa y no puede pedir este tipo de medidas”, señaló. Afirmó que pidió acceder a las actuaciones y obtener una copia certificada para dar los próximos pasos.
“Entendemos que, de confirmarse que ha efectuado un pedido de detención (contra mi cliente), estaría obrando con manifiesto desborde competencial, y en violación de los principios de legalidad, objetividad y razonabilidad”, aseveró. Y recordó que quienes tienen competencia para requerir medidas son el juez federal Fernando Poviña y el fiscal federal N° 1, Carlos Brito.
“Si (Gómez) hubiera tenido un conocimiento completo de la causa advertiría que en el caso particular de mi defendido, Cerisola, cuenta a su favor con una resolución firme de exención de prisión”, remarcó.
Peyracchia sí se mostró a favor del tramo de la sentencia de la Cámara Federal que, si bien confirma el procesamiento de su cliente, ordena ampliar la investigación. “Venimos sosteniendo todo el tiempo que no se ha investigado. Si se hubiera profundizado y producido las pruebas, el resultado sería de una contabilidad correcta”, dijo. Y desestimó que el ex rector pueda afectar la investigación. “Cerisola no ocupa ningún cargo dentro de la UNT. Y es contradictorio e irrisorio pensar que si la propia UNT es querellante, mi defendido podrá manejar la querella”, resumió.