La intención de modificar la ley de contravenciones policiales, que rige desde la última dictadura militar, unió a legisladores de cuatro bancadas diferentes.

Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular), Javier Pucharras, Ramón Santiago Cano, Nancy Bulacio (PJ-Tucumán Crece), Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario) y Luis González (Arturo Illia) firmaron la iniciativa, que apunta a establecer un nuevo régimen de faltas sociales para la provincia.

La normativa vigente contempla un sistema de tratamiento de las infracciones al Código de Contravenciones que pone en manos del jefe de Policía la decisión sobre el arresto, investigación y resolución de estos casos, sin la intervención obligatoria e inmediata de un juez de faltas o contravencional (esos cargos no están operativos, por lo que deben ser cubiertos por los jueces de Instrucción penal).

La falta de un tribunal imparcial y de una instancia de defensa para el imputado, entre otras razones, llevaron a la Corte Suprema de la Nación a declarar inconstitucional los procesos establecidos por la ley 5.140, que rige desde 1980. Según la normativa vigente, si un presunto infractor es considerado responsable por el jefe de Policía, debe afrontar una pena de días de cárcel o su equivalente en multa ($ 80 por jornada en la actualidad).

En los últimos años, en diferentes conformaciones parlamentarias se propuso la modificación íntegra de la ley de contravenciones policiales. En este caso, Córdoba y sus pares apuntan a instaurar las tareas comunitarias dentro como instrumento de sanción.

“Resguardar el orden social y prevalecer las buenas relaciones entre los ciudadanos en el objetivo principal del presente proyecto, estableciendo normas considerarse de trato social, cambiando su naturaleza a fin de atribuirle una pena coercitiva. Esta transformación generará un cambio en los principios morales dentro del fuero personal de cada individuo a principio éticos generales, con sanciones determinadas”, remarcaron los legisladores en los fundamentos. El proyecto debe ser estudiado por la comisión de Seguridad y Justicia, cuyo presidente es precisamente uno de los firmantes del texto, el peronista Pucharras.