“Por segunda vez, el fiscal (Claudio) Bonari se negó a que yo esté presente cuando le realizó la nueva imputación. Esto es nuevo error procesal y por eso presentaré un nuevo planteo para que mi defendido recupere la libertad”, denunció Braulio Ramón Zelarayán, defensor de Franco Vázquez, el sospechoso de haber acabado con la vida del policía José María Concha.

El 7 de septiembre Concha fue asesinado a balazos cuando se resistió a que le robaran la moto. Por este caso, fueron detenidos Vázquez y Patricio Alarcón, cuando ambos ingresaron al Centro de Salud heridos. Sin embargo, según trascendió, el fiscal dejó vencer los plazos procesales y el juez Francisco Pisa, tal como lo indica el Código Procesal Penal, ordenó su libertad por el hábeas corpus que presentó su defensor.

El viernes, el investigador decidió endilgarle una nueva imputación al sospechoso. Para ello, se trasladó por la tarde hasta el centro asistencial, junto con la instructora de la causa, un prosecretario y una defensora oficial. Allí, según se confirmó, agravó la acusación y por ese motivo, el juez Marcelo Mendilaharzu aceptó su pedido de que quedara detenido.

“Vamos a pedir la nulidad de lo actuado porque, a pesar de que soy defensor designado, nunca se me notificó que se le tomaría una nueva declaración. Descaradamente se le impidió a que ejerciera su derecho a defensa”, fustigó Zelarayán.

“Condena social”

El profesional cuestionó con dureza a Bonari: “el fiscal quiso corregir su impericia vulnerando los derechos de Vázquez, al no permitirle que sea defendido por su abogado designado en el expediente. Además, hizo mal la imputación, porque lo acusa de haber matado al uniformado para asegurarse el robo, cuando en realidad hubo un enfrentamiento”.

Por último, expuso: “todavía no está confirmado que mi defendido haya sido el autor del hecho y ya hay una condena social en su contra. Y mucho de ello tiene que ver los errores que cometió Bonari en los pasos procesales que dio. Si bien se trata de un caso aberrante e indignante, las fallas procesales son groseras. Y este mal accionar puede perjudicar a cualquier tucumano”, concluyó el defensor.

En los pasillos de Tribunales se especula con que el ministro Fiscal Edmundo Jiménez podría separar al fiscal de la investigación del caso o pedirle un nuevo informe para determinar si le corresponde que se le solicite un juicio político por esta causa. “No hay nada resuelto aún”, dijo el jefe de los fiscales a LA GACETA.

“Incomprensible”

“Este tipo de situaciones es incomprensible. Supuestamente en la Justicia debe haber personas capaces, que puedan llevar adelante la investigación de un caso como este. Por eso, exigimos a los funcionarios que separen del caso a Bonari. Después de que se tranquilicen las cosas, podríamos pedir que se le inicie un juicio político por el crimen. La vida de mi hijo, por una equivocación, vale $50.000 (ese es el valor de la caución que fijó la Justicia a Vázquez)”, comentó Gladys Concha, madre del policía asesinado.

El abogado Zelarayán confirmó que solicitó en la fiscalía II° que se le entregue una fotocopia de todo el expediente para analizarlo y fundamentar el pedido de juicio político en contra de Bonari. “No sólo hay elementos para probar todos los errores que cometió, sino que además, la causa corre serio riesgo de no ser elevada a juicio por culpa de las equivocaciones”, concluyó.