El intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, afirmó que llevará el conflicto por el azúcar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). "El fallo de un juez federal de otra provincia roza con el artículo 117 de la Constitución Nacional (CN), que dice que en última instancia la competencia es exclusiva de la Corte", remarcó el funcionario hoy, respecto de la decisión judicial de suspender la aplicación de la ordenanza que limita el uso de este producto en los bares de esa jurisdicción.
“Vamos a rechazar la decisión que ha tomada este juez Federal (por Daniel Bejas)”, enfatizó Mestre.
En una entrevista con radio Cadena 3 de esa provincia, Mestre defendió la autonomía municipal a la hora de aplicar normas de convivencia. "La Constitución Nacional estableció la autonomía municipal, por lo cual somos los cordobeses los que decidimos qué hacer con nuestra norma y nuestra convivencia. Está claro que lo que buscaron los concejales de manera unánime es tener nuevos patrones de conducta alimentaria, poder tener un criterio de cuidado", añadió.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán determinó la semana pasada mediante una cautelar la suspensión de la aplicación de la ordenanza “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
RAMÓN MESTRE. Intendente de Córdoba.
“El Municipio de Córdoba legisló como si tuviera facultades exclusivas, tanto en la información al consumidor, como en la publicidad, en al etiquetación, comercialización, producción, etcétera; invadiendo competencia del Estado Federal y de la Provincia en clara transgresión de los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional”, señaló la resolución judicial. Según la decisión oficial, se invade esfera propia del gobierno federal, violando así los artículos 31, 75 inc. 13, 18, 32 y 121 y concordantes de la CN.
La Justicia ordenó suspender la ordenanza que prohibía el azúcar en los bares de Córdoba.
El conflicto comenzó cuando el Concejo Deliberante cordobés aprobó una ordenanza que establecía que no debía haber azúcar en la mesa de los bares de esa ciudad. La norma generó la reacción de las autoridades y los empresarios tucumanos.