La Legislatura volvió a sancionar ayer el triple estado de emergencia -en seguridad, en adicciones y en ámbitos carcelarios-, luego de que la ley 8.931, aprobada en 2016 ante la escalada de delitos en la provincia, caducara el fin de semana pasado por falta de tratamiento.
Además, se añadió un cuarto régimen de excepción: la emergencia en seguridad vial. Si bien la intención es habilitar distintas herramientas que permitan frenar la cifra de accidentes trágicos que se registran en Tucumán cada año, los representantes del pueblo no definieron aún los alcances esta nueva disposición. Así, surgen dos alternativas para determinar el contenido de esta norma: la sanción de una ley específica (ya fueron presentados al menos tres proyectos al respecto) o fijar los detalles a través de su reglamentación.
La inseguridad fue el único tema en debate en la sesión especial ordinaria de ayer. El viernes pasado, los radicales José Canelada y Adela Estofán, afines a Cambiemos, advirtieron al presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman (PJ-Tucumán Crece), que al día siguiente iba a perder vigencia la ley 8.931, que había declarado la emergencia en seguridad, adicciones y cárceles durante un año, a partir del 7 de octubre de 2016, cuando fue publicada en el Boletín Oficial. En principio, los opositores cuestionaron el “olvido” del oficialismo e incluso hablaron de desidia. Sin embargo, el titular de la comisión de Seguridad y Justicia, Javier Pucharras (PJ-Tucumán Crece), negó ayer esa versión. “Desde la política, las explicaciones podrán satisfacer o no, pero la realidad absoluta es que se estaba en perfecto conocimiento del vencimiento de la ley (8.931)”, afirmó Pucharras en el recinto. Más tarde, ya en rueda de prensa, aseguró que las dilaciones fueron producto de que en el oficialismo estaban analizando detalles sobre los alcances de la emergencia y de la comisión especial interpoderes encargada de efectuar el seguimiento de su aplicación. “De cualquier forma, la ley venció el sábado pasado y rápidamente se llamó a sesión”, analizó el ex intendente taficeño.
En la sesión, que tuvo casi cuatro horas de debate, legisladores de la oposición cargaron contra el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, contra el secretario de Seguridad, Paul Hofer, por las políticas que aplica la gestión del gobernador, Juan Manzur, para el combate del delito.
Pucharras, como titular de la comisión de Seguridad y Justicia, hizo un balance de los efectos de la aplicación de la emergencia en seguridad, adicciones y cárceles. Sobre la base de informes del PE, explicó que se hicieron inversiones en personal; en móviles, armas y otros elementos por $ 75 millones; y obras de refacción y ampliación en Villa Urquiza por $ 60 millones.
En el recinto, el oficialismo aceptó las modificaciones propuestas por dos miembros de la oposición. Stella Maris Córdoba (bloque Proyecto Popular, aliada al vicegobernador Osvaldo Jaldo) había elevado un dictamen proponiendo la inclusión de la emergencia en seguridad vial; mientras que Fernando Valdez (UCR disidente a Cambiemos) había instado a sumarle atributos a la comisión especial que integran los tres poderes del Estado provincial y representantes de la Justicia Federal. Se incluyó en este comité de seguimiento a Claudio Viña (bloque Fuerza Republicana), quien preside la comisión permanente de Prevención de las Adicciones de la Legislatura.
La nueva ley establecerá durante dos años la emergencia en seguridad pública, adicciones, cárceles y en el ámbito vial. Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Teniendo en cuenta que Manzur termina su mandato el 29 de octubre de 2019, el estado de excepción por la inseguridad podría mantenerse prácticamente hasta el final de su gestión.
Se dijo en el recinto
Raúl Albarracín (UCR).- “La emergencia implica una situación de excepción. Se busca la implementación de mecanismos necesarios para recuperar un valor que hoy brilla por su ausencia: la seguridad. No se alcanzaron las expectativas”. (Voto positivo)
Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular).- “Para que los tucumanos tengamos seguridad es necesario remover la ‘manzana podrida’ de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: Paul Hofer”. (Voto positivo)
José Canelada (UCR).- “Por ley, el ministro Amado debería haber enviado los informes (a la comisión especial) en septiembre. Una de las tareas encomendadas por el gobernador (a este funcionario) es combatir la ilegalidad. Entonces, tenemos un ministro que no cumple con la ley para combatir la ilegalidad”. (Voto positivo)
Eduardo Cobos (PJ/Tucumán Crece).- “Sería tonto no reconocer que los índices que pasa la Secretaría de Seguridad no son tan reales, porque muchos (damnificados) ya no van a denunciar. Pero no es motivo para que la inseguridad se politice. Si no, empezaríamos con que (el presidente Mauricio) Macri no hace esto o lo otro. Como si la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires fueran seguras”. (Voto positivo)
Claudio Viña (FR).- “En cualquier ámbito, cuando hay un fracaso, se termina un ciclo. Estábamos poniendo en duda a Messi. Pero los ‘muchachos’ (del Ministerio de Seguridad) no están en tela de juicio. Admiro su estabilidad laboral”. (Voto positivo)
Eudoro Aráoz (UCR).- “El objetivo de la ley 8.931 ha sido un rotundo fracaso, y lo será esta nueva ley”. (Voto negativo)
Rubén Chebaia (UCR).- “Estamos como en una calesita, dando vueltas, creyendo que vamos para adelante, pero siempre estando cerca del punto de partida. El eje sobre el cual se basan las políticas de seguridad está agotado”. (Voto negativo)
Alfredo Toscano (P. del Bicentenario).- “Hay un fracaso en las políticas de seguridad, y eso significa vidas. No percibo que el gobernador quiera resolver el tema (...) Hofer es un inútil, y en materia de seguridad, también Manzur”. (Voto positivo)
Marcelo Caponio (PJ/Tucumán Crece).- “No sólo los motoarrebatos hacen a la inseguridad. También los hechos ilícitos que cometen algunos funcionarios, como los de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”. (Voto positivo)