El control de “Teves”, una causa con intensas repercusiones institucionales, volvió a generar chispazos en Tribunales. El martes, mientras el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Eudoro Albo, y la vocal Liliana Vitar hacían gestiones en el Palacio de Justicia, el otro vocal, Enrique Pedicone, asumió el comando del tribunal y ordenó a la fiscala Adriana Giannoni (N°8) la entrega del expediente iniciado en 2009. Pedicone emitió esta disposición en el ámbito de un planteo que formuló Juan Andrés Robles, defensor de Roxana Teves, para que la Cámara reconsiderara el rechazo de Albo a una queja por retardo de justicia contra Giannoni. Como la fiscala N°8 pidió precisiones “para ejercer sus derechos” y no remitió el caso, Pedicone reiteró la orden y añadió: “en virtud de la infundada manifestación por parte de la fiscala N°8 ante un requerimiento de un tribunal superior, remítase copia certificada de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para su conocimiento y consideración”.
El conflicto continuó ayer con la interposición de un recurso de nulidad por parte de la fiscala. “Nunca me negué a enviar el caso. Simplemente sucede que un expediente en trámite de notificación de la constitución del actor civil y del querellante sólo puede ser remitido si se cumple con la ley”, comentó Giannoni. La representante del Ministerio Público Fiscal añadió: “la orden no tiene fundamento y el vocal solicitante actuó en calidad de presidente de la Cámara, carácter que no tiene, como es público”. Giannoni dijo que ella debía custodiar el expediente: “pero si el requerimiento es hecho como corresponde, inmediatamente será remitido”. La fiscala prometió que hoy iba a facilitar el recurso que presentó. Este planteo debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones.
El día antes de ordenar la remisión del caso de interés público, Pedicone había solicitado el traslado de los funcionarios Mario Visuara y Jimena Suárez: al primero lo responsabilizó por la omisión de informarle sobre la existencia de la queja de Teves mientras que consideró que la segunda debía irse del tribunal por ser hija de Giannoni. El martes, Albo y Vitar fueron a la Corte a decir que Pedicone pedía los traslados de manera unilateral e inconsulta. Además, expresaron que cualquier movimiento debía ser consensuado con ellos, como correspondía en un tribunal colegiado, y Albo afirmó que Suárez había sido designada relatora por su pedido y, por ende, a él le correspondía modificar su estatus. La Corte resolvió ayer citar a los camaristas (ver “Reunión”).
La causa “Teves” lleva ocho años de tramitación. En 2010, la imputada y tres familiares directos fueron detenidos por pedido del ex fiscal Guillermo Herrera (se jubiló en 2015, acorralado por los cuestionamientos). El caso comenzó por la denuncia que presentó Carolina Severini luego de la muerte de su padre y pareja de Teves, Augusto Severini, con la asistencia profesional de dos hijos del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez. Mientras cumplía la prisión preventiva, Teves se autoincriminó y renunció a sus derechos sobre un patrimonio de U$S 5,2 millones. Luego, ella y sus parientes salieron en libertad, pero siguen imputados.
En 2015, el Colegio de Abogados de la Capital citó su caso como ejemplo del supuesto obrar extorsivo de la Justicia penal. En virtud de ello, la Corte ordenó una auditoría, decisión que generó un tironeo con Jiménez por el control de los expedientes objetados. En esas circunstancias, el jefe de los fiscales asignó la causa “Teves” a Giannoni, quien en septiembre de 2015 requirió el juzgamiento de los imputados. Teves se allanó: según dijo, quiere ir a juicio oral y público para probar que fue extorsionada por jueces y abogados ligados a Jiménez. Pasaron dos años y ningún juez se expidió sobre el asunto. El caso sigue en manos de Giannoni, que la semana pasada negó que existiesen retardos.