BARCELONA.- España conoció ayer la imagen de una de las protagonistas políticas más buscadas de las últimas semanas:el Gobierno catalán mostró por primera vez una de las urnas que se usarán el domingo en el polémico referéndum de independencia que la región insiste en celebrar pese a la suspensión de la Justicia.
La imagen de la urna de plástico opaco, tapa negra y el logo de la “Generalitat” (el Gobierno catalán) terminó con una de las grandes incógnitas que rodean la consulta y la imprevisible jornada de votación. “El domingo se votará”, insistió el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, en una comparecencia que aprovechó para poner cifras al referéndum: más de 5,34 millones de catalanes están llamados a votar en el referéndum y podrán hacerlo de 9 a 20 horas. Habrá para eso 2.315 colegios electorales con 6.249 mesas de votación.
La misma confianza proyectó por la noche el masivo acto de cierre de campaña por el “sí” a la independencia celebrado en Barcelona con todos los referentes del secesionismo, incluyendo el jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont. “Ningún juez, ningún Guardia Civil, ningún tribunal y ningún político español, y menos el señor Rajoy, podrán frenar aquello que es imparable. Somos la libertad”, lanzó Marta Pascal, coordinadora del partido del PDeCAT, la formación de Puigdemont.
El Gobierno central, por el contrario, recordó que el referéndum va en contra de la Constitución. “No va a haber referéndum, lo reitero”, dijo ayer el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en Madrid. “No hay garantías legales. Desde que el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum inmediatamente después de que fuera convocado el 6 de septiembre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó diversas medidas que fueron mermando la logística de la consulta, que carece de reconocimiento nacional e internacional, tarjetas censales, junta electoral, participación mínima o campaña de la oposición. Se da además en un contexto de presión judicial.
Incluso los miembros de las mesas de votación podrían afrontar multas de hasta 600.000 euros si se confirma el uso irregular del censo electoral, alertó hoy la Agencia de Protección de Datos. Los Mossos d’Esquadra (la Policía autonómica) tienen orden de requisar las urnas y cerrar los colegios electorales hasta las 6 del domingo. (DPA)