Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social negaron que se hayan concretado despidos en la Secretaría de Adicciones y rechazaron el uso político que, sostienen, dirigentes de la oposición hacen del asunto.
El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; y el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Matías Tolosa, desecharon que se esté produciendo un vaciamiento en el organismo, durante una reunión que mantuvieron esta semana con referentes barriales.
“Explicamos a las organizaciones que ante los trascendidos de vaciamiento de la Secretaría, nuestro trabajo diario demuestra lo contrario, que hay un crecimiento; por eso es importante llevar tranquilidad a las comunidades de que el trabajo va a seguir estando y que el compromiso del organismo es total”, expresó Tolosa, luego de esa reunión del lunes según un comunicado difundido por el Gobierno. Cuestionó el uso que -consideran-, en el contexto electoral algunos sectores hicieron respecto de la renovación de contratos de las personas que trabajan en los barrios: “es lamentable que un tema tan complejo, que genera mucho dolor y angustia, se utilice políticamente. Estamos comprometidos con el trabajo para seguir con instancias saludables en los espacios, brindar herramientas y que cada vez seamos más los que podamos dar una mano”.
“Prudencia”
El ministro Yedlin, por su parte, afirmó que la reunión de la comisión de Adicciones que se realizó en la Legislatura el martes fue convocada por quienes denuncian el desmantelamiento. Descartó, invitado en un programa de Canal 10, que se hayan realizado recortes. Expresó, contrariamente, que se amplió el presupuesto.
“Fui a los barrios, no fueron ellos (por los vecinos y familiares de adictos) los que convocaron la reunión. Coincido que el Estado debe hacer su rol, pero esta gente viene trabajando políticamente. No quiero profundizar en esto para no ser parte, pero pido a todos, políticos y medios, que seamos prudentes”, requirió.
La comisión de Adicciones de la Legislatura se reunió el martes con los trabajadores (psicólogos y trabajadores sociales) de la Secretaría de Adicciones que reclaman para que renueven 30 contratos. Los profesionales integran equipos que trabajan con jóvenes adictos en distintas barriadas. Concurrieron el bussista Claudio Viña, presidente de la comisión, y los radicales José María Canelada y Eudoro Aráoz (como oyentes). No asistieron los oficialistas Renée Ramírez, Elena Cortalezzi, Nancy Bulacio, Eduardo Bourlé y Sara Assán. Los disidentes recordaron que la emergencia en Seguridad y Adicciones cumplió un año y cuestionaron la “desidia” del Ejecutivo.