Pasaron casi dos años para que la Justicia pudiera rearmar una causa que se asemejaba a un rompecabezas. Dos guardiacárceles quedaron detenidos después de haber declarado por ser sospechosos de haber acabado con la vida de una persona que se encontraba detenida en la seccional 7ª.

El 24 de diciembre de 2015 se produjo un motín en el arresto de esa dependencia policial. Luego de los graves incidentes que se habían registrado, según se informó en ese momento, el detenido Rubén Alejandro Medina de 23 años sufrió una descomposición, por lo que fue derivado al Centro de Salud, donde falleció horas después.

La versión oficial que se dio a conocer en esos días decía que el joven se había autolesionado, dándose golpes contra la pared en el arresto y cortándose los brazos con una hoja de afeitar que -supuestamente- tenía escondida. Ese elemento cortante fue encontrado por los médicos oculto en su boca.

En el momento del hecho, Medina, que estaba con prisión preventiva por robo agravado, era una de las 20 personas que estaban alojadas en el calabazo de esa seccional. El cuidado de los detenidos en ese entonces estaba a cargo de guardiacárceles y no de policías comunes, tal como lo había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, al resolver el hábeas corpus que se había solicitado por la crisis carcelaria.

El caso cayó en la fiscalía IX, que en esos momentos era subrogada por varios investigadores. La fiscala Adriana Giannoni se hizo cargo de la causa y al poco tiempo, comenzó a recibir indicios de que el joven podría haber sido víctima de un homicidio. El informe de la autopsia fue clave para sospechar: el preso habría fallecido ahorcado y los forenses estimaron que no habría sido un suicidio.

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Giannoni comenzó a reconstruir lo que había sucedido ese día. Los compañeros de encierro de la víctima fueron los primeros en declarar en Tribunales. Estos, según confiaron fuentes judiciales, habrían acusado a los guardiacárceles Juan Lucas Rodríguez y Héctor Luis Morales de haberles vendido alcohol y drogas esa noche. Relataron que, pagando $ 500, les entregaron fernet disimulado en envases de Coca-Cola, vodka en botellas de Sprite y whisky disimulado como Mirinda manzana. También dijeron que les entregaron tiras de 15 pastillas de fármacos a cambio de $ 100.

Siempre según el relato de los testigos, cerca de las 23 comenzó una pelea entre los internos Carlos Alberto Díaz y Miguel Ángel Arancibia. Por este incidente, llamaron al comisario Nazareno Villagra, en ese entonces jefe de la seccional, quien ordenó un operativo especial para poner fin al motín que se había originado.

Según la hipótesis que maneja la fiscala Giannoni, los uniformados, con la ayuda del grupo Cero y del Cuerpo de Infantería, lograron poner fin a los incidentes, pero al ser Medina el más exaltado, decidieron llevarlo al fondo de la dependencia policial, alejándolo del resto de sus compañeros de encierro, para tratar de calmarlo.

Allí, según la imputación que realizó la Justicia, Rodríguez y Morales, “con la intención de causarle la muerte, procedieron a ahorcarlo con un elemento que podría ser un lazo o un cable o una soga y realizando una comprensión en el tronco, provocándole asfixia a Medina, quien luego comenzó a convulsionar y a largar espuma por la boca, momentos en el que le introdujeron una Gillete en la boca”.

De acuerdo a la versión de los investigadores, pidieron ayuda a los policías que estaban en la dependencia y dijeron que el elemento filoso que el detenido tenía en la boca le generaba la lesión que presentaba. Los uniformados lo trasladaron al centro de Salud donde falleció tres horas después.

Ayer fueron llamados a declarar los acusados. Después de que se les leyera la imputación en su contra, quedaron detenidos. Ahora la fiscalía trata de establecer si el personal policial que se encontraba de guardia esa noche tuvo algún tipo de complicidad.