“No va a volver a comer hasta que le permitan retomar sus estudios”, avisó Manuel Pedernera luego de recibir el llamado telefónico de su clienta Silvia Lai, quien se comunicó desde el penal de mujeres ubicado en Lastenia. Según explicó el abogado, la mujer se niega a levantar la protesta porque no le permiten continuar con sus estudios en la facultad de Derecho.

Lai fue condenada a prisión perpetua en 2011. La Justicia la le dio esa pena tras considerarla coautora del crimen de su esposo, el agricultor Eduardo José Salas, cometido en julio de 2007. El otro presunto responsable sería Luis Rafael Piccinetti, quien habría sido amante de esta y permanece prófugo desde entonces.

La protesta de Lai comenzó luego de que los presos del penal de Villa Urquiza iniciaran una huelga de hambre, la semana pasada. A estos luego se les sumaron algunos detenidos del penal de Concepción. Y, en el caso de la cárcel de mujeres, sólo Lai se plegó a la medida.

Entre otras cosas, los presos protestaban en contra del juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, quien les exigía que se realizaran un análisis de orina antes de concederles los beneficios de libertad condicional o salidas transitorias con el fin de detectar si consumieron estupefacientes. En caso de confirmar el consumo de sustancias prohibidas, los permisos se suspendían.

La secretaria

El jueves al mediodía, Guyot se presentó en Villa Urquiza para dialogar con los presos. En un clima tenso, estos le concedieron un plazo de dos semanas para que atendiera sus reclamos y levantaron la protesta. Pero el juez no concurrió de la misma manera al penal de mujeres, sino que envió a una secretaria, según sostuvo el abogado de Lai.

“El viernes 1 de septiembre se hizo presente en la Unidad Penitenciaria una doctora, diciéndole a mi defendida que era la secretaria del juez Guyot, que pretendía y le imponía para tratar su petitorio que levantara la huelga de hambre que estaba cumpliendo, para lo que le debía firmar un papel que tenía ya redactado, a lo que mi clienta se negó categóricamente”, aseguró Pedernera. Y advirtió que denunciará esa situación ante la Corte Suprema de Justicia.

Quiere estudiar

El letrado explicó que Lai era maestra hasta que fue condenada. Luego, en la cárcel comenzó a estudiar la carrera de Derecho y la Sala IV de la Cámara Penal la autorizaba a salir para rendir sus materias en la Universidad Nacional de Tucumán. Sin embargo -agregó Pedernera- dejaron de concederle ese beneficio en agosto del año pasado, cuando Guyot asumió como juez de Ejecución Penal.

“Hasta acá mi defendida tiene aprobadas 27 materias, restándole solamente 15 para obtener su título de abogada”, remarcó el letrado.

“Desde la asunción del juez Guyot, a pesar de los múltiples pedidos formulados personalmente por mi defendida, nunca tuvo la posibilidad de ser recibida o entrevistada por el citado magistrado. Su cometido, manifiestamente desaprensivo y deficiente, inobservando su responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, compromete la tan mentada reinserción social de mi clienta, que evidentemente no está entre los objetivos y compromisos que tiene el citado juez”, se quejó Pederenera.

Por último, destacó que Lai le comunicó su decisión de mantener la huelga hasta que reciba una respuesta favorable por parte de Guyot. Lai comenzó la protesta hace seis días. “Recibe atención médica diariamente por la cantidad de tiempo que lleva sin alimentarse”, indicó el defensor.